En Jalisco el que la hace, se mantiene impune

El 1 de diciembre de 2013, MILENIO publicó que Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, apuntó que “la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a más de 10 mil 500 servidores públicos en lo que va del sexenio”. Desde el gobierno federal, las acciones de la SFP lograron que “al 15 de noviembre se reintegrarán a la Tesorería de la Federación dos mil 196 millones de pesos”. La política federal consiguió sanciones económicas, mismas que “fueron impuestas a nueve mil 822 funcionarios públicos, de los cuales ocho mil 339 realizó la SFP y mil 483 las contralorías estatales”.

La Secretaría de la Función Pública acreditó desde un primer momento que la política federal sería sancionar las irregularidades y buscar restituir al patrimonio público el daño. Pero en Jalisco, el que la hace no la paga. Aquí el robo del siglo en la construcción de la Ciudad Judicial se mantiene sin presentar ninguna denuncia. Invisible para la Contraloría y la Fiscalía general. La impunidad seguirá galopante, alentada por la inamovilidad de las instancias que en Jalisco debieran castigar los robos millonarios.

Así la impunidad reina en las Villas Panamericanas, Arcediano, los Juegos Panamericanos, en la SEDER, en el CAPECE, en las extintas Secretaría de Validad y Transporte, en la Secretaría de Desarrollo Humano, en la Secretaría de Administración y en la ejecución del Seguro Popular. Mientras se presumen “finanzas sanas” en Jalisco, en el Poder Judicial sigue impune la evasión fiscal al SAT por 109 millones, como las anomalías por más de 426 millones de pesos que reportó el despacho Russell Bedford sobre la auditoría que practicó a la LVIII Legislatura, a la cual la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) fincó cargos por 280 millones de pesos.

Sin mayor avance continúan las irregularidades que en febrero del 2011 MILENIO JALISCO documentó, al señalar que el secretario de Desarrollo Rural habría destinado un total de 13.4 millones de pesos para apoyos de la SEDER a familiares y amigos, entre ellos 1.8 millones para su sobrino, 1.9 millones para un cuñado, 500 mil pesos para otro de sus cuñados y otro tanto para su esposa. Se le acusó también de enriquecimiento inexplicable puesto que adquirió una residencia en Bugambilias valuada en 3.7 millones y un rancho llamado El Mexicano, así como numerosos invernaderos. A nivel federal la Secretaría de la Función Pública acredita testimonios de castigar la corrupción y restituir el daño. En Jalisco, lamentablemente, el que la hace, no la paga.

 

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