ICONIA: Otro atraco en lo despoblado

Un nuevo atraco se fragua en Jalisco, muy parecido a cometido en Chalacatepec con el dinero de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, mismo que quedaron de transparentar y cada día es más opaco. Todo comenzó a ejecutarse cuando La Gaceta del municipio de Guadalajara publicara, el 10 de julio de 2008, el decreto D54/17/08 que “aprobaba la edificación de Puerta Guadalajara”. Este proyecto fue valuado en su momento en 65 millones 534 mil dólares. El Ayuntamiento aportaría un predio de 136 mil 495 metros cuadrados, que se encuentran localizados en la intersección de Periférico Norte y la Calzada Independencia. El beneficiario del redondo negocio sería la compañía española Mecano América S.A. de C.V, tal como lo documentó La Jornada en la investigación publicada el 24 de junio de 2013.

Incluso, al inicio de la administración municipal de Ramiro Hernández, se anunció que se impugnaría el convenio con Mecano América, debido al incumplimiento en la ejecución de las obras. De esta forma, el cambio de gobierno se proponía recuperar las poco más de 13.6 hectáreas de terreno privilegiado con vista la Barranca de Huentitán, que habían sido entregadas como terreno en breña para el atraco entre desarrolladores y gobierno. Pero el pasado 18 de julio, el síndico de Guadalajara, Luis Ernesto Salomón reinició “conversaciones con otros inversionistas”, tal como Proceso lo publicó el 12 de octubre de 2013. 

Con un pequeño barniz de nombre y un cambio de socios, Puerta Guadalajara pasó a ser ICONIA, y Mecano América S.A. de C.V. “vendió” sus derechos a Operadora Hotelera Salamanca. Es decir, la misma gata, pero revolcada. A pesar de que las 13.6 hectáreas son un bien propiedad de Guadalajara, los pormenores de la venta de derechos entre la empresa española y Operadora Hotelera Salamanca no fueron transparentados. Como lo expuso a Proceso el arquitecto Jesús García Rojas, “las 13 hectáreas de esa superficie tienen una vista esplendorosa hacia la Barranca de Huentitán y son las más valiosas que tenía el municipio”. El especialista en desarrollo urbano agregó que su valor presente es superior a los 63 millones de dólares (Proceso, 12 de octubre de 2013). Solamente por los costos de licencias de construcción y cambios de usos de suelo entregados a la carta por el Ayuntamiento a Grupo Hotelero Salamanca, los voraces desarrolladores se ahorran de entrada 600 millones de pesos que deberían pagar a las arcas del municipio de Guadalajara.

Para tapar el ojo al macho, la empresa destinaría 688 millones de pesos para obras públicas infladas en precios, en aspectos que no necesariamente son prioridad para la ciudad. Es importante destacar que aunque aparentemente el plan no cambia –sólo la fachada con el cambio de nombres-, el reinicio de este proyecto inmobiliario exige del trámite de refrendo de las licencias de construcción, ya que después de transcurridos dos años desde su autorización, en este momento están caducas.

Tal es la corrupción entre autoridades y desarrolladores, que ICONIA, en su video de YouTube oferta el proyecto como “una realidad”, cuando ni siquiera han logrado el refrendo de las licencias caducas luego de dos años de vender futuro sin edificar absolutamente nada, precisamente por la falta de solvencia de las compañías constructoras. Como lo publicó Proceso: “los constructores contaron con todas las ventajas, pues no invirtieron nada, ya que las autoridades les aportaron los predios a valor residual, así como los permisos de construcción a cambio de obras innecesarias para la ciudad” (Proceso, 12 de octubre de 2013).

Para el arquitecto y maestro en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica y urbana, Jorge Fernández Acosta, “la ciudad pertenece a los ciudadanos”, por lo que este tipo de proyectos es necesario “someterlos al escrutinio público” y no deben quedar sólo “en manos de las autoridades”. Con singular acierto, el arquitecto Fernández Acosta señala una verdad del tamaño de la Barranca de Huentitán: Se está transitando a un modelo de ciudad en el que se hacen negocios inmobiliarios, para beneficio exclusivo de particulares y empresas extrajeras, al disponer de predios públicos en contubernio con la autoridad.

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