Hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre

Este 15 de julio, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) repitió la fórmula de suspender el dictamen que haría el Congreso local para otra cuenta pública señalada de cuantiosas irregularidades por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), con lo que se otorgó impunidad –nuevamente– a los responsables de malversar recursos públicos. A finales de junio pasado, el TAE suspendía la cuenta pública de 2009 del Congreso de Jalisco, con 280 millones de pesos (mdp) plagados de observaciones hechas por la ASEJ. El 15 de julio, antes de salir a vacaciones, la Sexta Sala del TAE suspendió la cuenta pública de 2012 del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), que fincaba cargos que ascienden a los 36 millones 646 mil 816 pesos, todos por erogaciones totalmente injustificadas.

Una muestra más de que, en Jalisco, el que la hace no la paga. Pero lo sorprendente en este caso es que la protección política para alentar la impunidad venga de todos los frentes posibles –incluidos ahora los tribunales-, para dejar a los ciudadanos en un estado de absoluta indefensión de cara la ramplona corrupción, que une expresiones políticas antagónicas para justificar cualquier fechoría. Incluso, entre más grande sea el monto del fraude o la malversación, más voluntades multipartidistas se unen para evitar cualquier castigo. Si no es la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la que “lava” las cuentas públicas con reconocidos, flagrantes y documentados casos de corrupción [la ASEJ dictaminó increíblemente la cuenta pública de 2012 de Emilio González ¡sin ninguna observación!, cuando la Contraloría del Estado documentó en el mismo año un daño patrimonial por 7 mil 573 mdp], ahí está presta la Fiscalía General para mantener en absoluta impunidad 12 denuncias penales, presentadas por la Contraloría del Estado. Una, a Finanzas. Otra, contra CAPECE. Dos, contra la Secretaría de Salud. Tres, contra la Comisión Estatal del Agua, y, tres más contra Iprovipe. Todas las denuncias impunes.

Ahora constatamos que se suma a la red de protectores de la corrupción, el Tribunal de lo Administrativo, para auspiciar la impunidad: 19 son las cuentas públicas que ha suspendido el TAE con observaciones que representan poco más de mil millones de pesos, entre las que destacan la de 2009 y 2010 del Congreso local (con 500 mdp de pesos observados) y la última del CODE (36.6 mdp observados). Así que hemos constatado que siempre existe la posibilidad de conseguir una suspensión provisional ($$$$$) por parte de un juez, para evitar la ejecución de un orden de aprehensión (Ejemplo, José Luis Gómez Quiñones del Seguro Popular, que se albergó en casa del “ciudadano libre” Carlos Lomelí).

Otra ingeniosa maniobra se sumó a las argucias para alentar la impunidad.  Ahora provino de un “ciudadano libre”, el coordinador de la fracción de PMC en el Congreso, quien pidió que la cuenta pública de 2012 del CODE se retirara del orden del día que contemplaba dictaminarla, por aquello de que no alcanzara a llegar a tiempo la notificación de suspensión del TAE (“más seguro, más ‘marrao’”). Toda la argucia debido a que al antes panista, ahora converso naranja, Alejandro Hermosillo, diputado electo de PMC, salía atascado hasta las manitas en el dictamen hecho por la ASEJ sobre todas las irregularidades cometidas en la gestión de Andrade Garín. Había que librar al correligionario naranja de alguna posible sanción por los desfalcos en que participó durante su época azul, y un “ciudadano libre” (y coordinador muy oficioso), no dudó en retardar el dictamen para que llegara la suspensión del TAE, y les resolviera el trabajo sucio…

De acuerdo a Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, es atribución del Consejo Directivo del CODE “aprobar la aplicación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos, en conocimiento del programa estatal” (Art. 26, Fr. I). Acaso 6.1 mdp de contratación de personal que no estaba prevista en el presupuesto del CODE; 5.7 mdp de material deportivo y uniformes de los que no hay evidencia de que hayan sido entregados; 3.1 mdp por la contratación de un laboratorio para exámenes antidoping que no se realizaron; 2.4 mdp sin justificar compra de uniformes a Instituto Jalisciense de Readaptación Social; 602 mil pesos por concepto de asesorías fantasma; 531 mil pesos adjudicados directamente; y un largo etcétera, ¿no son un clara muestra de una delictiva “aplicación de recursos” a cargo del Consejo del que formó parte Alejandro Hermosillo? Obvio, hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Eso sí, en los de PMC, no…

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