Si “Ganan como Reyes”, se les debe sancionar penal y administrativamente

De acuerdo al artículo 127 constitucional, ningún servidor público debe tener una percepción mayor a la establecida para el Presidente de la República. Este tope a las remuneraciones de todos los funcionarios públicos (por eso está en la Constitución) entró en vigor el 25 de agosto de 2009. De tal suerte que, a partir de esta fecha, ningún funcionario público del país debe recibir una remuneración superior al presidente de la República, que tiene un sueldo mensual bruto de 208 mil 570 pesos. Pues a pesar de ello, cinco magistrados del TAE ganan 218 mil 179 pesos brutos al mes; y de manera absolutamente anticonstitucional, el magistrado presidente del TAE es remunerado con 235 mil 875 pesos brutos al mes, cuando ejerce su cargo desde enero de 2014. Es decir, cinco años después de que el 127 de la CPEUM impide ganar más que el presidente. En el mismo caso están el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura [ostentan ambos su cargo desde diciembre de 2012], quienes devengan 251 mil 726 pesos brutos al mes. Son siete los funcionarios públicos jaliscienses que ganan más que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, y que se encuentran en absoluta flagrancia violando la Constitución Federal en su artículo 127, fracción II.  

Pues bien, la Fracción VI del artículo 127 constitucional señala: “El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente Artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y [OJO] para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este Artículo.” De tal suerte que, tanto los seis magistrados del TAE como el presidente del STJEJ deberían ser sancionados penal y administrativamente por “incumplimiento” flagrante a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional.

En efecto, para sancionar penalmente a los seis magistrados del TAE –incluido su Presidente– y al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, lo conducente es que el Congreso del Estado de Jalisco haga la declaración de procedencia, para que puedan ser sancionados por responsabilidad penal en virtud de lo expuesto en el 127 constitucional, que mandata sanción penal y administrativa para el incumplimiento de este precepto constitucional. Posteriormente, la Fiscalía General tendría que proceder con el ejercicio de la acción penal de acuerdo a la legislación aplicable en la materia. Lo anterior, en apego al Capítulo III de la Constitución Local. En cuanto a la sanción administrativa, la Fracción VI, del Artículo 100 de la Constitución Local, determina que para los magistrados del Poder Judicial “las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.” Así las cosas, la sanción económica consiste en resarcir lo que han cobrado indebida e inconstitucionalmente desde la entrada en vigor del tope salarial establecido en el artículo 127 de nuestra Carta Magna, en agosto de 2009.

En Jalisco, la iniciativa presentada por el Gobernador busca homologar el criterio del 127 constitucional, que ha generado resistencias, pues son 42 los funcionarios públicos que en Jalisco ganan más que el gobernador. En efecto, el principal ‘pero’ de una reforma de tal calado estriba en el hecho de que constitucionalmente la remuneración que perciben los magistrados, consejeros y jueces es: 1) “irrenunciable (Art. 111: Constitución Local)”; y 2) que no podrá ser “disminuida durante su encargo (Art. 57: Constitución Local)”. A nivel federal, la solución para este asunto fue que las “remuneraciones nominales [sueldo]” superiores a las del Titular del Ejecutivo se mantendrían durante el tiempo de su encargo, mientras que las “remuneraciones adicionales a las nominales”, como lo son gratificaciones, bonos, compensaciones, etc. sólo se mantendrían en la medida de que no excedieran el tope máximo establecido. Pero en el caso de los que ganan más que incluso el presidente de la República, esos están en absoluta flagrancia violando el 127 de la Carta Magna.

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