Firma electrónica: del dicho, al hecho…

Es una oportunidad para procurar una manera más sencilla de interacción entre el gobierno y sus administrados.

El pasado 26 de diciembre fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la “Ley de Firma Electrónica Avanzada”. De acuerdo a la Real Academia, “la firma es el nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido”. La firma electrónica representa una gran oportunidad para la simplificación de los procesos en las entidades públicas e incluso, para las transacciones comerciales. Cuenta con seis años como periodo previsto para su implementación. Ofrece un importante avance para la modernización de la administración pública y del sistema legal. Reduce distancias, tiempos y costos. Ayuda a disminuir el tráfico de papeles, tiempos de espera (para la firma convencional) y es una gran oportunidad de mejora para la gestión.

Contrario a lo que sin mayor información se nos viene a la mente, la firma electrónica no es una digitalización o escaneo de la firma convencional. En esencia ésta supone la expresión matemática de información (codificada) que verifica la identidad del firmante y garantiza seguridad para una autorización o trámite. La firma electrónica persigue el mismo fin que la firma convencional, pero ofrece mayor seguridad en la verificación de la autenticidad y agilidad. Con ella es posible firmar desde cualquier sitio de forma segura y a distancia, sin pretexto para dilatar la autorización o el aval necesario del signante.

De esta forma, la firma electrónica es el conjunto de información que en forma electrónica se vincula o asocia a un mensaje de datos y que corresponde inequívocamente al firmante, con la finalidad de asegurar al o los destinatarios, la integridad y autenticidad del mismo. Es una oportunidad para procurar una manera más sencilla de interacción entre el gobierno y sus administrados y crear una nueva cultura basada en el paradigma de “cero papel y cero filas”. Si se ejecuta correctamente y los sujetos obligados la adoptan, en breve tiempo la firma electrónica contribuiría a lograr servicios más expeditos, eficientes y ordenados.

La firma electrónica no será un beneficio exclusivo para el sector público, ya que busca “facilitar y agilizar los actos y negocios jurídicos, comunicaciones y procedimientos administrativos entre los funcionarios del sector público, los particulares y las relaciones que mantengan entre sí”. Con ello se pretende, “simplificar trámites mediante la constitución de una ventanilla única, además de la mejora regulatoria, con la supresión gradual de los trámites y documentos que no sean estrictamente necesarios para el gobernado ni para los sujetos obligados en el proceso de cualquier trámite o gestión” (El Informador, Jalisco cuenta con Firma Electrónica Avanzada, 01/ENE/2014).

Este decreto derogó la Ley de Firma Electrónica Certificada, del mes de septiembre de 2006, que a ocho años de distancia quedó prácticamente limitada a procesos de comunicación interna entre muy pocas dependencias del Poder Ejecutivo y a procesos específicos de gestión administrativa en menos de cinco ayuntamientos de la entidad, lo cual la volvió prácticamente irrelevante. Esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer un marco legal que armonice la legislación jalisciense con la federal vigente en esta materia.

Entonces, ¿cuáles serían las principales ventajas de la firma electrónica? “La confidencialidad; la capacidad de mantener accesible un documento electrónico sólo a quien queramos. La integridad; la garantía de que el documento no será manipulado durante su tránsito digital. La autenticidad; el compromiso de un individuo sobre el contenido del documento electrónico, sobre su autoría, su envío y su recepción” (Didier Alemán, La Prensa: 11 agosto del 2010). Empero, que se hubiese legislado sobre la firma electrónica no implica que ésta efectivamente será adoptada por toda la estructura de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Falta aún lo más complejo, su implementación… porque del dicho al hecho, hay mucho trecho. En principio hay que tomarla con reservas, ya que ejemplos sobran de que existe mucha distancia entre lo que se legisla, y lo que en la práctica ocurre. 

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