Finanzas sanas, con corrupción e impunidad

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG), del INEGI, Jalisco es la segunda entidad federativa (sólo después del Distrito Federal) en donde los ciudadanos respondieron que perciben un mayor nivel de corrupción. El 94.7 de los jaliscienses entrevistados consideró que la frecuencia de corrupción en nuestro estado va de muy frecuente y frecuente, frente al 95.3 de los habitantes de la capital del país que piensan lo mismo sobre el DF.

Incluso, sorprende que la corrupción sea el segundo “problema más importante” para los ciudadanos jaliscienses, aún más que el desempleo (tercero) y que la pobreza (cuarto), y que se encuentre sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia (primero). Los grandes problemas de Jalisco, según la sociedad, tienen que ver con seguridad y justicia. Cómo no van a percibir la corrupción cuando enormes delitos contra el patrimonio de los jaliscienses continúan inexplicablemente impunes, a pesar de que la sociedad votó por una alternancia en el gobierno del Estado de Jalisco y éste, simplemente no demuestra voluntad de castigar y restituir el daño patrimonial perpetuado contra todos. De esta forma, “El Sexenio de la Corrupción” de Emilio González Márquez continúa impune. La impunidad es en sí misma corrupción, puesto que deja sin castigo o sin sanción un delito cometido. Es decir, cuando hay impunidad se está corrompiendo la ley, debido las omisiones de las auditorías, contralorías y la fiscalía general, que debieran actuar ante semejantes atracos.

Pero ¿qué es más pernicioso?, ¿la corrupción o la impunidad? Naturalmente, la impunidad. El Estado no puede impedir que se viole o se corrompa la ley; sin embargo, lo que sí puede y debe hacer es que la corrupción que daña el patrimonio de los jaliscienses reciba una sanción que la inhiba. Un ejemplar castigo. Aunque la impunidad es en sí misma corrupción, también es cierto que la impunidad genera más corrupción. ¿Por qué? Porque la falta de sanciones o castigos por trasgredir la ley motiva e incentiva que la corrupción florezca ante el aliciente que resulta de no castigarla.

Podríamos afirmar que la impunidad es el nivel cúspide de la corrupción, pues es corrupción sobre la corrupción misma, es corromper el castigo que debe imponerse a quienes dañan el patrimonio público y saquean las arcas del gobierno. Mientras la corrupción ocurre entre gobierno-gobierno o sociedad y gobierno, la impunidad es consecuencia de la deliberada omisión de las instituciones que la deben castigar, es decir, la impunidad es exclusivamente responsabilidad de la autoridad del gobierno.

 

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