En el argot popular, toda definición y entendimiento social sobre la corrupción, siempre implica de manera unilateral únicamente a políticos y funcionarios públicos. Pero tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Transparencia Internacional (TI) define la corrupción como “el abuso del poder público para beneficio privado”. No obstante, como lo observó el CIDE e IMCO, según se advierte en su reciente estudio “México: anatomía de la corrupción”, publicado en mayo de 2015, la definición utilizada por TI “se circunscribe a los actos cometidos por los integrantes del sector público o, en el mejor de los casos, a aquellas personas que manejan recursos provenientes del erario”. La corrupción es producto de acuerdos viciados de origen entre la esfera pública [funcionarios] y la privada [empresarios], que terminan por malversar lo que es de naturaleza pública con el objeto de obtener altísimos beneficios privados. La suma de ambas voluntades es condición sine qua non para que se dé la corrupción; esos los negocios al más puro “estilo Jalisco”.
Paradójicamente, las denuncias y condenas más enérgicas sobre los actos de corrupción vienen más de la esfera pública [el titular del Poder Judicial del Estado, al calificar Ciudad Judicial como el “robo del Siglo”; o el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, al señalar como un “robo al pueblo”, el caso López Castro], que de los aletargados empresarios [Coparmex, Consejo de Cámaras Industriales, etc.]. Las organizaciones empresariales guardan un silencio sepulcral ante la obscena y flagrante corrupción en Jalisco, tal vez, porque algunos de los grandes empresarios de Jalisco son beneficiarios y asiduos gestores de los negocios “al estilo Jalisco”, esos donde el gobierno deliberadamente pierde, para que ganen los “arriesgados” inversionistas.
Si bien son rarísimos los funcionarios corruptos (de “medio pelo”) que logran ser encarcelados en Jalisco [Rodolfo Ocampo (Siapa), Álvaro Córdova (Seguro Popular), Valle Pinzón (Iprovipe)], no hay caso registrado de algún corruptor “empresario” consignado por participar en los más paradigmáticos negocios “al estilo Jalisco”. Es decir, los empresarios encargados de construir Villas Panamericanas [Corey Integra], que violaron sistemáticamente todas las normas ambientales, de construcción y uso de suelo, y sin además contar con un previo estudio de impacto ambiental, construyendo a sobre precio el elefante blanco, ¿no deberían ser igualmente responsables que sus perpetradores en la esfera pública? O bien, ¿no sucede lo mismo con el caso de Rasaland en Chalacatepec?, que le vendió 8.5 veces más caro el metro cuadrado a IPEJAL y se asoció fraudulentamente con éste para la construcción de un pomposo proyecto de papel que no tenía viabilidad, pues se compraron mil 200 hectáreas para terminar explotando, de acuerdo al nuevo y corregido proyecto, sólo 164, es decir, el 13.7 por ciento del total de lo adquirido. O ¿cuál es la postura de la Coparmex o la Cámara de Industriales de Jalisco sobre estos casos? Ninguna, siempre un silencio cómplice, incluso frente al despojo artero que representa Iconia, en el que empresarios del Grupo Mecano mantienen ilegalmente la “posesión material y jurídica de 13.6 hectáreas”, sin a la fecha haber pagado nada a la ciudad desde 2008; es decir, sin entregar como contraprestación las ocho obras sociales al municipio, pendientes y jineteadas y que debieron terminarse en 2012.
Aún más, ¿acaso no hay empresarios responsables por el “robo del Siglo”, en la Ciudad Judicial?, que costó mil 100 millones de pesos, y cuenta con un tercer piso en obra negra –para el que se tendrán que invertir 220 millones de pesos más–, además de estar a todas luces malhecho: patio central cuarteado, azulejos despegados en pasillos y baños rotos, a dos años de inaugurarse. A contrapelo, Ciudad Judicial Federal (vecina del inmueble estatal) costó mil 200 millones de pesos, con 2.2 veces más metros cuadrados de construcción.
Más reciente está el caso de desarrolladores inmobiliarios corruptores que acuden específicamente a dos magistrados “Suertudos” (Mural Dixit) del TAE para construir complejos verticales en Guadalajara y Zapopan, pero que violan los planes parciales y no cuentan con un solo permiso municipal para su construcción (Mural; 15/Sep/2015). Según la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG, el 44 por ciento de las empresas mexicanas realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. Pero los empresarios corruptos no son señalados y menos castigados. En esto debe dejarse fuera a los pequeños y medianos empresarios, que regularmente deben batallar con el fisco, con el IMSS, con el gobierno y con los municipios. Esos no son beneficiarios de la complicidad corrupta de funcionarios y empresarios, ellos son las víctimas de un sistema que concede todas las ventajas a quienes se coluden con el poder en turno (del color que sea), para hacer negocios con amparos, sentencias pagadas y funcionarios que se hacen de la vista gorda...
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