¿Habrá enriquecimiento ilícito con Emilio, Herbert, Rosales, Monraz y Álvaro García?

El lunes por la mañana sería nuevamente aprehendido quien sintió que la justicia no lo podría alcanzar.

El sábado 7 de enero Octavio Pérez Pozos fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. La misma madrugada del domingo fue trasladado al penal de Puente Grande, acusado de “enriquecimiento ilícito”, según consta en la averiguación previa 661/2014. No obstante, el mismo domingo, la Juez Quinto de lo Penal ordenó su libertad al considerar su aprehensión ilegal, puesto que “faltaron unos sellos en unas copias”, según detalló el fiscal general. Ese mismo domingo, el gobernador Aristóteles Sandoval anunciaba, durante el pronunciamiento de su Segundo Informe,  dos detenciones relacionadas al caso de la Consultora López Castro, sin mencionar nombres. Después se conoció que los implicados eran Pérez Pozos y Rafael López Martínez, principal accionista del despacho.

El fiscal general aclaró que ambas detenciones no estaban ligadas al polémico despacho. La detención de Pozos fue por “enriquecimiento ilícito”, puesto que se encontró una discrepancia de más de 600 mil pesos con su declaración patrimonial; mientras que la detención de Rafael López, fue por un fraude de 20 millones de pesos que presentaron dos particulares. A contra pelo de lo dicho, a la fecha no hay un solo detenido por López Castro. Pero el lunes por la mañana sería nuevamente aprehendido quien sintió que la justicia no lo podría alcanzar. Sin duda, en el caso de Pérez Pozos hay mucha “tela de dónde cortar”. Como secretario general de la 58 Legislatura, en julio de 2011, se supo que éste pagó 9.8 millones de pesos a una empresa “fantasma” por concepto de papelería, aunado al hecho de que se trataba de una desproporcionada compra de papelería que en algunos casos sería suficiente para abastecer al Congreso ¡por 98 años! (Mural; 18/Jul/2011).

El 27 de enero del 2010, también como secretario general del Congreso, firmó un documento reconociendo formalmente la deuda del Legislativo local con López Castro, a pesar de que nunca se ofreció el servicio acordado, esto es, que recuperaría 92 millones de pesos en devoluciones y compensaciones de impuestos a favor del Congreso del Estado.

En el oficio que firma Pérez Pozos se expone “Una vez verificada y analizada la información recibida en relación con las retenciones del ISPT durante los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 por Consultores López Castro y Compañía SA de CV, se reconoce como entrega total de trabajo y, por consecuencia, el resultado del contrato de revisión de erogaciones por la cantidad o saldo a favor de 92 millones 600 mil pesos, los cuales deberán ser compensados por la SHCP en el momento que el Congreso lo considere pertinente”. Ahí se acredita que Pérez Pozos reconoce una deuda por 42 millones 386 mil pesos con López Castro. Se trata de la configuración de un clarísimo “robo al pueblo”, como bien lo señaló el gobernador. Pero estos dos sujetos, naturalmente, no son los únicos responsables.

Si la sanción a Pérez Pozos tiene que ver con enriquecimiento ilícito, vale la pena preguntarse: ¿Podría procesarse por enriquecimiento ilícito a los nuevos millonarios de Jalisco: Herbert Taylor (Panamericanos y Ciudad Judicial), Carlos Andrade Garín (Panamericanos-CODE), Álvaro García Chávez (Seder), Salvador Uribe Avín (Capece), Jorge Sánchez Martínez (Iprovipe), Diego Monraz (Macrobus), Eduardo Rosales (SIAPA), así como al ex jefe de todos, Emilio González? ¿Habrá responsables para los desvíos en el Seguro Popular y para quienes hicieron la sistemática ordeña al IPEJAL para la desproporcionada inversión en auténticos “elefantes blancos”, como Villas Panamericanas y Chalacatepec? Es decir, ¿finalmente Emilio González responderá por el daño patrimonial cometido por sus colaboradores -con su anuencia- por, al menos, 7 mil 573 millones de pesos en el presupuesto estatal de 2012, señalado por la Contraloría del Estado? ¿Qué avances hay en las 12 denuncias penales que ha interpuesto la Contraloría por las irregularidades cometidas? Los montos de todos estos gigantescos delitos superan en más de 10 tantos a los 575 mil pesos que se pagaron a López Castro. Así que si finalmente se castigará el “enriquecimiento Ilícito”, la fiscalía tiene aún los más importantes casos por investigar…

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