Eliminar el financiamiento a los partidos, ¿populista?

El gobernador de Jalisco anunció cinco medidas para hacer frente al alza en los combustibles. Una de ellas propone retirar el financiamiento público estatal a los partidos políticos en años no electorales. Es una alternativa que financieramente no pinta en el presupuesto, pero es recibida con mucho agrado por la mayor parte de la población, básicamente por la bien ganada mala fama que tienen los partidos políticos entre la población. Se trata pues de una medida para mostrar que también la clase política se aprieta en cierta forma el cinturón, frente a la crisis. De forma que el 10 de enero fue presentada la iniciativa correspondiente al Congreso del Estado en donde se propone destinar alrededor de 289 millones de pesos, inicialmente previstos para los partidos, al Fondo de Contingencia para la Economía Familiar. La propuesta es de un gran valor simbólico para la población, aunque hay que decirlo, esto ya había ocurrido en América.

En Bolivia, el financiamiento directo estatal a los partidos políticos se eliminó en agosto de 2008, con la "Ley 3925", aprobada en el H. Congreso Nacional. Estos recursos han ido a parar al "Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad" a favor de discapacitados, promoviéndose para tal efecto reformas a su Ley de Partidos Políticos de 1999, para que, a modo indirecto de respaldo, los partidos políticos puedan continuar su labor democrática a través de la difusión de mensajes y propaganda política por medio de mensajes televisivos sin necesitar recursos (algo que ya ocurre en México). Así que tal parece que la iniciativa de Bolivia, de 2008, ha inspirado la propuesta presentada por el gobernador de Jalisco. Ahora bien, no hay que perder de vista que en efecto, la obligación de financiar con recursos públicos a los partidos políticos es un mandato establecido en el artículo 116 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así que un anuncio por parte del gobernador de Jalisco no será suficiente para que, en efecto, ocurra. El proceso puede ser largo, lento y tortuoso, más allá de que lo anuncie Aristóteles o, incluso, Peña Nieto. Requiere de la voluntad política del Congreso de Jalisco y de los legisladores federales. Cosa que no se ve sencilla.

En defensa del financiamiento público se arguye que los partidos políticos se verían en el dilema de "dónde atraer fondos" para sus actividades ordinarias, pudiendo recurrir a alternativas financieras provenientes ya sea de la militancia, de particulares, o bien, producto de obscuros negocios (moches, delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero). Así que se advierte que podrían quedar con ello expuestos o comprometidos con estos obscuros intereses. Todo esto es cierto, tan cierto que ya ocurre, a pesar de que reciben dinero público. Así que los argumentos para la defensa del financiamiento público, en realidad, son los argumentos para reformarlo de inmediato, pues el dinero público que reciben de ninguna manera ha inhibido a que los políticos reciban dinero de dudosa procedencia, violen los topes de campaña o comprometan decisiones de gobierno a cambio de dinero por debajo de la mesa.

Así que, lejos de ser una simple medida populista, ésta propuesta puede llegar a ser, por el contexto que vivimos, una punta de lanza para purgar en México el financiamiento excesivo del sistema de partidos (y hay que ver si evoluciona o se desecha), separando lo bueno de lo malo del esquema de financiación, capitalizando la experiencia, al dar lugar a una comparación del "antes" con el "después". Esta discusión debe llevarnos a una reflexión sobre el financiamiento público a los partidos políticos y, más importante, de cómo debería realizarse su correcta fiscalización. Además, a sopesar el costo de las instituciones de nuestra democracia, a la luz de nuestra delicada economía. Lo cierto es que mientras a nivel nacional se dan justificaciones –hay que reconocer-, en Jalisco se inició oportunamente un debate necesario, de la mayor importancia, sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Un tema que, sin duda, está en el ánimo de la población y reclama ser ampliamente reconsiderado.

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