Un funcionario del Poder Ejecutivo, muy pequeñito, logró -desinformando al titular del Poder Ejecutivo- hacer de una oportunidad... un gran problema. Oficioso, pretendió ganar el favor del gobernador, para después cobrarlo cuando intente ser presidente del órgano garante de tutelar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en Jalisco. Así que acorde a su escasa visión y formación, observó el vaso de agua medio vacío y convenció a sus jefes de enviar sendas modificaciones a los diputados, sobre la propuesta de reforma para “armonizar” la Ley de Transparencia del estado, con la Ley General vigente a nivel federal. Una paropuesta que había resultado de foros de consulta, con la participación de especialistas y líderes de opinión. Se autonombra experto en “transparencia”; tanto, que ha fundado una asociación que agrupa a los de “su talla”. Pero en su doble discurso, con una mano palmea, y con la otra nalguea. En público se asume experto en la materia, pero desde su oficina en palacio elaboró una serie de “observaciones” que en realidad constituyeron una contrarreforma.
Así que, gracias a su desbordado talento, la oportunidad que tuvo Jalisco de “armonizar su ley”, mediante foros de consulta y un proceso participativo, la convirtió en un problema, debido a la fundada molestia de organizaciones que observan lo evidente: una serie de cambios de última hora a la ley, que lejos de abonar a fortalecer el derecho a saber, le rasuran avances y dejaron chata una reforma de ley que pudo colocar a Jalisco, nuevamente, como un estado de avanzada en la materia. Pero la culpa no es del indio. Efectivamente.
Además de la oportuna opinión de las organizaciones no gubernamentales que se han expresado sobre lo que a la ley se le rasuró, está la obligación del órgano garante del derecho a saber (el ITEI), para defender todas y cada una de las disposiciones que contenía la primer propuesta de reforma, resultado de la consulta en que ellos mismos participaron, que significan avances. A este Organismo Constitucionalmente Autónomo corresponde defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y de la protección de datos personales de los mismos. Su postura debe estar invariablemente en esa tesitura, que es su razón de ser y el motivo de su trabajo. Defender lo indefendible constituye un contrasentido, un absurdo que sólo mina la credibilidad y confianza de la sociedad organizada, que afortunadamente se mantiene atenta a la normativa que regula este derecho.
Las señales hasta ahora han sido de prudencia, de cara a lo que a todas luces deberá corregirse. Por lo pronto, la reforma aprobada por los diputados no se ha publicado. Una señal de que el problema ocasionado se advierte y, en consecuencia, se abre espacio para encontrarle buena solución. Hoy CESJAL, CIMTRA y AMEDI fijaron postura: invitan a reconsiderar lo aprobado. Del seno del ITEI las sanas diferencias se han expresado y, abierto con ello, el espacio para que el Poder Ejecutivo regrese al Congreso la ley, con las observaciones producto de un diálogo respetuoso y de un fructífero enriquecimiento.
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