Cambiar la Constitución, ¿te convierte en reformista?

Se puede decir que un excesivo reformismo constitucional impide la consolidación del Estado de Derecho.

Se asume que reformar la Constitución en múltiples ocasiones convierte al gobierno o a un presidente en reformista… de vanguardia. Desde su promulgación, la Constitución de nuestro país ha sufrido 618 cambios, lo que la convierte en la Carta Magna más reformada de América Latina y quizá del mundo. Para darnos una idea, nuestra Ley Fundamental se modifica, en promedio, 6.3 veces por año. El presidente Enrique Peña logró cambiar 66 artículos de nuestra Constitución en sus primeros dos años de gestión, superado sólo por Felipe Calderón (1er lugar), con quien ocurrieron 110 modificaciones constitucionales durante su sexenio. Ernesto Zedillo ocupa el segundo sitio con 77 cambios, seguido de Miguel de la Madrid.

La insaciable e incansable osadía de reformar la Ley Fundamental de un país parece ser un rasgo distintivo del Tercer Mundo, o lo que eufemísticamente llaman países en vías de desarrollo. Veamos. De acuerdo al estudio Constitutional Change in Latin America: Power Politics or Symbolic Politics?, publicado en 2008 por el politólogo alemán Dr. Detlef Nolte, profesor-investigador de la Universidad de Hamburgo, se advierte que en América Latina los países tuvieron en promedio 5.7 constituciones durante el siglo XX. De igual forma resalta el hecho de que los 17 países latinoamericanos más importantes de la región reformaron en promedio 94 artículos de su Carta Magna durante el periodo que va de 1978 a 2007. Es decir, aprobaron 3.2 reformas por año.

Asimismo sorprende el gigantesco número de reformas a nuestra Constitución a pesar de tener una puntuación de 7, en un rango de 1 al 10, respecto de su nivel de rigidez constitucional, al tomar como referencia el indicador (basado en Lijphart) de la Dra. Astrid Lorenz, profesora-investigadora de la Universidad de Leipzig. De hecho, aunque pareciera que el nivel de rigidez constitucional en función de los mecanismos y condiciones necesarias para reformar la Constitución pudiera explicar el impedimento para reformarla, no deja de sorprender que la Carta Magna de Chile, vigente desde 1980, con un nivel de rigidez constitucional valorado en 10 (calificación máxima), hiciera 154 cambios a artículos de su Constitución, de 1978 a 2007. No obstante, el exagerado hábito reformista de América Latina deja en evidencia grandes contrastes si nos comparamos, por ejemplo, con la Constitución de Estados Unidos de América, que registra apenas 27 enmiendas en sus 228 años de vigencia. Incluso, si nos comparamos con el viejo continente, los numerosos cambios a las constituciones en América Latina lucen desproporcionados. La constitución española, vigente desde 1978, sólo ha sido reformada en dos ocasiones. La Carta Magna de Italia, que data de 1947, ha sido modificada únicamente 12 ocasiones. Portugal ha reformado siete veces su Constitución desde 1976, Francia ha hecho 24 reformas a su Constitución desde 1958, Alemania ha reformado en 60 ocasiones su Ley Fundamental de 1949, un número que se explica por los complejos procesos que vivió durante la Guerra Fría, la reunificación y su ingreso a la Unión Europea.

Se puede decir que un excesivo reformismo constitucional impide la consolidación del Estado de Derecho ¿Por qué? Porque reforma tras reforma limita la consolidación de una cultura de respeto a la ley. Con tanto y tan rápido cambio se torna confuso el marco normativo fundamental y no alcanza a solidificar el reconocimiento social de la ley cuando ésta ya es cambiada por otra diferente, un proceso ad infinitum que no termina de socializarse. El frenesí por reformar la Constitución parte de la equivocada idea de que siempre está mal la Ley Fundamental y por ello debe cambiarse una y otra vez. Los países que gozan de un Estado de Derecho consolidado, son también los que menos reforman su Constitución. Los que más la cambian y cambian su Ley Fundamental, son los que acreditan una débil vida institucional y respeto a la norma. El problema nuestro no estriba en la calidad de las leyes… sino en el débil compromiso de todos para respetarla, y especialmente en la maniquea interpretación que hacen los jueces y gobierno cuando llega la hora de hacerla cumplir. A México y a Jalisco, lo que lo abruma, es la insultante impunidad…

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