Alfaro, duro con los ambulantes y blando con los constructores

El pasado 4 de febrero, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, declaró que “esta ciudad tiene reglamentos que se aplican, normas vigentes y una política pública definida respecto al comercio en la vía pública”. Mano dura contra los ambulantes.

Muy bien que Alfaro quiera aplicar los reglamentos municipales, muchos de los cuales han sido letra muerta. El caso es que ese mismo rigor debe aplicarse, también, para todos los desarrolladores que violentan los reglamentos municipales y se valen de la omisión de la autoridad municipal para defender ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) los intereses de la ciudad.

Actualmente, el municipio de Guadalajara enfrenta poco más de mil 350 juicios ante el TAE [en el municipio de Zapopan son mil 326 más], por un sinfín de desarrollos inmobiliarios, gasolineras, espectaculares, antros y otros giros fuera de regla.

La mayoría de estos juicios son parte de una estrategia para conseguir hacer todo lo que los reglamentos y los planes de desarrollo prohíben. Para muestra de este rigor selectivo basta un botón. El caso Iconia, donde un grupo de empresarios retiene aún un predio propiedad de Guadalajara, sin haber pagado o entregado absolutamente nada como contraprestación a la ciudad.

Con ese firme compromiso de hacer respetar la norma y los reglamentos, el Ayuntamiento de Guadalajara debió aplicar ya la sanción establecida en la Cláusula Décimo Tercera, del Convenio Marco de Asociación, por mora en la entrega de las obras pactadas que se darían como contraprestación al municipio por parte de los empresarios desarrolladores de Iconia, que inexplicablemente aún retienen un predio por el que no han pagado nada. Esas 13.6 hectáreas, ya deberían estar en posesión del Ayuntamiento.

Resulta que el Grupo Mecano (que propuso el fallido proyecto Puerta Guadalajara) vendió sus derechos a nuevos desarrolladores y constituyó una nueva sociedad anónima, Operadora Salamanca, sin el consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento, como lo determina claramente el Convenio Marco de Asociación.

Una ilegalidad que debe ser combatida de oficio por el Síndico, y que sigue sin ocurrir, a pesar de declaraciones del alcalde que más bien parecen un chantaje para cambiar los términos de la negociación con un grupo de empresarios que violan la ley. Pero en este caso, el gobierno municipal no objeta nada.

El Ayuntamiento está, además, obligado a ejecutar la prerrogativa dispuesta en la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio Marco de Asociación, referente a la imposición de una penalidad de 688 millones de pesos a estos empresarios, debido al incumplimiento total de las obras pactadas en tiempo y forma.

Pero para los vivienderos y constructores justicia y mucha gracia por parte del alcalde tapatío. Mientras tanto, para los pobretones comerciantes ambulantes, todo el peso de la ley…

 

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