Paideia Política

México 2018: el desafío electoral

Las elecciones siempre significan la oportunidad de renovar el poder. A través de ellas se forman periódicamente gobiernos y se integra la representación política. Por eso el inicio de un nuevo proceso electoral abre la posibilidad de cambiar el orden político establecido y alienta diversas expectativas de transformación.

En 2018 se realizarán los comicios más complejos de nuestra historia. Se votará por presidente de la República, 500 diputaciones, 128 senadurías, siete gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde también se elegirán a los miembros de las alcaldías. Además, en 14 entidades solo se votará por diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. En un estado más se elegirá la gubernatura y diputados locales; en cuatro de ellos únicamente diputaciones locales y en tres entidades solo autoridades municipales.

Además de hacer frente a los retos logísticos y organizativos del proceso electoral, el INE y los Organismos públicos locales tendrán el reto de incrementar la confianza en los comicios y en sus autoridades, pues su credibilidad entre la ciudadanía es muy bajo. La creencia sobre la persistencia de diversas formas de manipulación electoral está muy generalizada en México.

Los recientes comicios para gobernador en Coahuila, Nayarit y Estado de México aumentaron la desconfianza. Especialmente en el último, donde los gobiernos federal y estatal desarrollaron campañas masivas de reparto de recursos públicos, beneficiando a miles de ciudadanos, antes del inicio y durante las campañas, lo que alteró sensiblemente las condiciones de la competencia electoral.

Además, frente a diversas irregularidades que se presentaron en muchas casillas del Estado de México, de manera inexplicable se redujo el número de las que debían recontarse en los cómputos distritales, lo cual ha sido reconocido en un informe de la Dirección de Organización del INE, presentado en una de sus comisiones el pasado 31 de agosto.

La experiencia reciente indica que las autoridades no deben limitarse a instalar casillas y a vigilar los aspectos logísticos de los comicios, sino que también deben garantizar condiciones para votar libremente, aunque eso implique enfrentar a los poderes formales y fácticos, que siguen interfiriendo en las competencias electorales. Solo de esta forma se podrá remontar la desconfianza de buena parte de la ciudadanía en las elecciones y en las instituciones comiciales.