Paidea

Estado y protección de la niñez

Me pareció impresionante la rueda de prensa donde la Procuraduría General de la República dio a conocer, a todo el país con una gran cobertura de medios, el “rescate” que se hizo de alrededor de 500 menores que estaban siendo objeto de maltrato físico,  de abusos sexuales y alimentados con comida en estado de descomposición, en un albergue de Zamora, Michoacán. Los rostros del Lic. Murillo Karam, titular de la PGR, y funcionarios que le acompañaban en el espectacular anuncio, expresaban no sé si congoja, angustia o consternación cuando se describían los sufrimientos padecidos por los menores, en una institución que funciona desde hace más de cuatro décadas; pero cambiaba a expresión que bien pudiera considerarse de júbilo reprimido, con visos de santidad, cuando se explicaba el operativo de rescate de los niños maltratados. De esa rueda de prensa se derivó un importante despliegue publicitario, que ahora está generando un debate sobre la veracidad de lo anunciado y el papel de las autoridades.  He colocado la palabra rescate entre comillas porque el hecho despierta algunas dudas. ¿Realmente estaban secuestrados en una institución que ha atendido por muchos años a menores huérfanos o abandonados, e incluso entregados voluntariamente por sus padres que no los podían o no querían atender? ¿Hasta ahora se dan cuenta las autoridades que, en una institución que tiene más de cuarenta años operando, existen problemas tan graves según lo expresado a los medios? ¿Era necesario el tipo de operativo de carácter policiaco, incluida la detención de la encargada del albergue y en cuya defensa han salido destacados intelectuales? ¿De verdad son tan peligrosos la señora Rosa Verduzco, mujer de 82 años que fundó el albergue y sus colaboradores? ¿No hubiera sido mejor rescatar esa institución social investigando a tiempo sus carencias, sus necesidades y desde luego sus problemas o situaciones no deseables, para apoyarla con todos los recursos del Estado y, de esa manera proteger a los niños que tanto les preocupan? ¿Qué va a pasar con esos menores “rescatados” después que los medios –sobre todo la televisión- ya no se ocupen del caso? Tengo la percepción de un montaje, diseñado para desviar la atención de los ciudadanos respecto a un asunto de interés nacional: la segura aprobación de las leyes secundarias en materia energética, que abren la puerta a la privatización de nuestros recursos.Por ello me sumo al debate que el caso del albergue La Gran Familia ha generado, y  a los cuestionamientos que algunas ONG’s han hecho al papel del Estado. ¿Dónde está el cumplimiento de su obligación en cuanto a “respetar, promover, garantizar y proteger los derechos de la niñez”? El Estado debe otorgar protección y asistencia especial a los niños “que se encuentran privados de su medio familiar”, según la Convención sobre los derechos del Niño, ratificada por México en 1990. Las instituciones oficiales están obligadas a monitorear y supervisar lo que se hace en ese tipo de albergues, para evitar las violaciones a los derechos de esa población infantil vulnerable. ¿Qué clase de sistema de protección a la infancia se tiene en México? Los niños mexicanos pueden ser explotados laboral y sexualmente, morir en incendios provocados por negligencia en instituciones, e incluso por hambre y enfermedades curables en ciertas regiones del país, además de vivir en la calle y no tener acceso a la escuela ¿Y el Estado? Ocupado en tomar albergues infantiles con soldados y policías federales. 



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