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La Suprema Corte y los maestros

Lo que faltaba: no basta con que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los empresarios sigan empeñados en hacer de la evaluación de los maestros el asunto central de la reforma educativa, bajo una lógica de descalificación; ahora también se suma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el Poder Judicial, con el señalamiento de que dejarán de dar clases los maestros que, a juicio de la SEP, resulten reprobados en los exámenes.

Es vergonzoso que un Poder como el Judicial, que debería tener autonomía respecto del Ejecutivo, esté a las órdenes del Presidente de la República, y que lo sigan utilizando políticamente. La Corte avaló que los profesores, aun con nombramiento definitivo, saldrán de las aulas para ser reubicados (no queda claro en dónde) si no obtienen calificación favorable.

Los que tengan nombramiento provisional serán cesados. Lo que resulta conmovedor es que lo hacen con la Constitución en la mano y en defensa del derecho de los educandos. ¿Les podremos creer? Yo no.

Porque resulta indignante que al mismo tiempo que se publica, a ocho columnas en diarios de toda la república, esta decisión contra los maestros, se da a conocer, en una nota casi marginal, que los diputados se asignarán un bono de retiro por dos millones de pesos (serán casi mil millones de pesos que se llevarán por un solo concepto). Este beneficio y otros que les han otorgado a los legisladores, sabemos que no es por su trabajo sino por su sumisión al Ejecutivo.  

¿Y qué decir de los sueldos, prestaciones y canonjías de los miembros del Poder Judicial? Ellos viven en otro mundo, muy distinto al de los niños que asisten a las escuelas rurales de nuestro país.

¿De verdad les interesa la educación? ¿Por qué no se han pronunciado sobre el incumplimiento constitucional del gobierno de México en cuanto a inversión en materia educativa? La Constitución mandata invertir el 8% del PIB y no se aplica ni el 5%.

¿Sabrán los señores de la Suprema Corte que por ley se deben impartir en México tres años de preescolar y que tampoco se cumple? ¿Y de la obligatoriedad del Bachillerato, aún pendiente? El problema de la Suprema Corte es su falta de credibilidad frente a la ciudadanía que ha visto pasar decisiones cuestionables por parte de magistrados y jueces, que parecen responder más a intereses políticos, económicos e incluso de grupos de la delincuencia organizada.

¿A ellos, al igual que a los legisladores, quién los evalúa? Los maestros los podríamos reprobar, y exigir que se les quiten los privilegios cuyo alto costo se podría aplicar en muchas escuelas públicas que carecen de lo elemental. 


gabriel_castillodmz@hotmail.com