Paidea

¿Y las Normales cuándo?

Una nota sobresaliente respecto al presupuesto para el 2015, es la asignación de 400 millones de pesos como partida extraordinaria para las 17 Normales Rurales del país. Llama la atención esta medida que en realidad no resuelve el problema de fondo de esas instituciones educativas, pues es una acción de carácter coyuntural para responder a la crisis derivada de los acontecimientos de Iguala. Las Normales Rurales son menos del diez por ciento de las instituciones públicas pertenecientes a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Forman parte de un subsistema que exige una revisión para impulsar una nueva política en materia de formación de maestros, que parta de una adecuada planeación. ¿Cómo es posible que de las 261 instituciones formadoras de docentes que hay en todo el país se concentren 129 en ocho entidades, de las que destaca el estado de México con 40? Lo señalado es sólo un aspecto relativo a la planeación que debe revisarse, aunque existen otros asuntos a tomarse en cuenta. Pudiera pensarse que 400 millones es mucho para ese reducido número de instituciones, cuando en realidad es mínimo en función del abandono al que han estado sometidas por tantos años. Además, esa asignación presupuestal vuelve a poner en evidencia el uso de criterios políticos para el manejo de los recursos. No basta con una asignación de esa naturaleza por única vez, lo que hace falta es darle a la Educación Normal un estatuto diferente, que la ubique en el papel y en la práctica como del nivel superior. Sobre esto surgen preguntas: ¿Por qué si las Normales forman parte de la Subsecretaría de Educación Superior no pertenecen a la ANUIES? ¿Por qué no se aprovechó esta reforma educativa para otorgarles su mayoría de edad a las Normales? La modificación del Artículo 3º. Constitucional, que da soporte a la actual reforma, mantiene en su Fracción III el mandato de que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria Y NORMAL, es decir, se mantiene centralizada esta responsabilidad, lo que contrasta con el contenido de la Fracción VII del mismo artículo, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, “tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”; además podrán determinar sus planes y programas. Ya es tiempo que a las Normales se les otorgue el pleno derecho a operar como instituciones de educación superior, con acceso al mismo tratamiento en lo laboral y presupuestario que las universidades y los tecnológicos, pero también con un mayor compromiso en cuanto a resultados.   


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