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Justicia pendiente, renuncia necesaria

He dedicado varios artículos al caso Ayotzinapa. Aunque mi columna no es política, pues nace con la idea de escribir sobre asuntos educativos y/o culturales, es muy difícil sustraerse de un asunto tan delicado que se puede considerar un agravio para todos los mexicanos bien nacidos. Intento redactar este texto después de ver la rueda de prensa ofrecida por el Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, el pasado viernes 7 de noviembre. ¿Qué decir? ¿Cómo expresar, con qué palabras, lo que se siente ante lo informado por el funcionario? Unas horas antes del infausto mensaje, en preparación de la columna escribí que hace algunas semanas nadie se hubiera imaginado, tomando en cuenta el discurso triunfalista del presidente, la crisis de credibilidad en que caería el actual gobierno que, a más de cuarenta días de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, sólo ha ofrecido a los padres de las víctimas palabras y más palabras como resultado de la búsqueda. Hoy, a partir de las declaraciones del Procurador, sigo pensando lo mismo, con el agregado de que ahora me invade la duda sobre si lo que vimos en televisión es o no un montaje, después de lo que vivimos el sexenio pasado en ese rubro. Resulta absurdo e insultante que nos digan que los más de cuarenta cuerpos encontrados calcinados, son resultado de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, pero al mismo tiempo se dice que no hay seguridad de que se trate de los normalistas. ¿Por qué la ambigüedad? ¿Hubo más muertos que los seis reconocidos oficialmente? ¿Fueron más de 43 los desaparecidos y no se informó? ¿Cuál es la verdad en este caso? ¿De qué han servido los miles de millones de pesos destinados al rubro de seguridad, sacrificando lo que debiera corresponder a la educación y la cultura? ¿Dónde están los servicios de “inteligencia”, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de Gobernación, que muchos recursos le han costado al país? Este caso ha puesto en evidencia el nivel de gobernantes que tenemos, por la respuesta tan mediocre hasta ahora. No es posible que siga en su puesto el Procurador General de la República, cuando a todas luces ha tenido un pobre desempeño y se le puede acusar de haber sido omiso ante las denuncias y señalamientos que se hicieron ante él, sobre los vínculos del ex alcalde de Iguala y su esposa con el crimen organizado. Si hubiera actuado oportunamente, cumpliendo su responsabilidad, tal vez no estaríamos en el actual escenario. De ninguna manera se puede aceptar la explicación que dio sobre la tardanza con la que intervino el gobierno central. ¿Qué no era competencia federal? ¡Por favor! Lo que existe en realidad es la tendencia a buscar quien cargue con la culpa, cuando en sentido estricto la responsabilidad es del gobierno federal. Le fueron dando largas al asunto, seguramente con la intención de ganar tiempo para construir una salida con el menor número de daños posible para el gobierno de Peña Nieto. Ensayaron el tratar de criminalizar a los estudiantes, lo cual es una vía muy peligrosa, en virtud de la falta de credibilidad de los políticos y gobernantes. Han propiciado la politización del caso, para lucrar con la tragedia, con el dolor ajeno, para recuperar Guerrero en beneficio del partido que hoy gobierna a nivel nacional. No se vale. Otra vez se escatima la justicia para los más pobres y el gobierno federal busca lavarse las manos. Aquí no hay tal posibilidad. Los mexicanos sabemos que es responsabilidad del Estado nuestra seguridad, y en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa el Procurador se ha visto muy incompetente. Su renuncia ya se tardó. Y otras más habrán de venir por la presión social.


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