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Puja la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación forzó a la Secretaría de Educación Pública a cancelar la aplicación de las Evaluaciones para Ingreso y Promoción en la Educación Media Superior en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. La pugnacidad de la CNTE impuso inseguridad al evitar que los aspirantes acudan a las sedes de aplicación.

Oficialmente, el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente asumió la amenaza de los maestros disidentes. Es prudente la decisión, ya que los inconformes han advertido que impedirán, por todos los medios, la aplicación de las evaluaciones.

Por esta agresividad, más de 6 mil 200 aspirantes tendrán que esperar una segunda etapa para ser evaluados. La oferta oficial debiera ser más que atractiva, pues se pondrán a concurso 17 mil plazas para profesor, director, supervisor y asesor técnico pedagógico de bachillerato. La mayor parte, 11 mil 400 plazas, son de ingreso como docentes.

Las mujeres se presentarán para evaluarse en estos días. Son 41 mil aspirantes que habrán de ser evaluados en 385 sedes, mediante 383 equipos de cómputo. Se da el caso singular que hay más plazas que aspirantes, son 17 mil 72 plazas y solamente hay 4 mil 182 aspirantes. Al no haber sino 4 mil 182 aspirantes, sobrevendrá el hecho de que se ocuparán las vacantes con profesores con el perfil, pero solamente serán empleados de manera temporal. El bachillerato será el más menoscabado.

Sucede que Chiapas es la entidad con mayor número de aspirantes, pero tendrán que esperar otra ocasión. La dureza de la CNTE ha llevado a la toma de decisiones, según David Calderón, director general de Mexicanos Primero, que no son convalidables.

Hasta hoy, la coordinadora ha cometido delitos y los poderes federales no han confrontado directamente a estos violentos educadores. Para colmo, se ha indicado que la segunda fase se hará de manera discrecional, para que no se impidan las evaluaciones. El hartazgo no conlleva la decisión federal para contener y reprimir a los disidentes.

Crece la idea de que el impedimento de las evaluaciones no tienen razones pedagógicas que los apoyen, y lo que se disputa son plazas que la CNTE tenía en su poder, entregándola a profesores o seudoprofesores, seguramente sin evaluar. Se han perdido clases, se han creado temores, se han tomado escuelas, y otras medidas para que los educandos no pierdan el tiempo sin la educación a la que obviamente tiene derecho.

Legalmente y moralmente se consentiría en acciones administrativas y penales para que los disidentes sean contenidos.