Vivir el día

Empactados

El sangrado nacional con los crímenes mayores de la delincuencia organizada y la circunstancial, su aumento, impusieron la solicitud presidencial de convenir un Pacto Nacional “para asumir cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones, y sobre todo, asegurar la vigencia plena del estado de derecho en nuestro país”.

Acosados por mortandades en muchos estados de la República, las violencias han establecido un clima común de inseguridad, de miedo y aun de pavor. Los centenares de asesinatos y secuestros han alarmado no solo a connacionales, sino a otros gobiernos y países que hasta reclaman las felonías, algunas cometidas contra extranjeros. Tamaulipas sigue con el liderazgo de maldad asesina y de incertidumbre civil.

A las crudas maldades crónicas de homicidios y robos se suman las compuestas de regiones desgobernadas y aun estados perdidos en zonas pobladas, marginales en el derecho y la protección. Peña Nieto expresó beneplácitos y aun ilusiones, sino es que fantasías: “Quiero dar la bienvenida a los posicionamientos que han expresado los partidos políticos y representantes de la sociedad civil por los hechos ocurridos, lamentablemente, en Iguala, Guerrero, para que unamos esfuerzos en favor del estado de derecho y combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”.

El funcionario federal requiere, lo consideró vital, “tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir”. La impunidad, las colusiones son sistémicas, diría un sociólogo. No son acontecimientos esporádicos, excepcionales. Son modos  de operar y contumacias irrefrenadas. Odiosamente, los juegos sociales y políticos se fincan en los malabares para el abuso, el saqueo y la extorsión.

Las respuestas prontas de políticos opositores con posiciones notorias aceptan la petición, con reservas y enmiendas. No se expresaron repudios o reconvenciones de fondo. Pero sí, más de uno, señala otras actitudes y lo que se llama posicionamientos. Lo cierto es que atracos, muertes y vedas de tránsito sobrepasan esperanzas y peticiones de auxilio, permanentes y nacionales.

Al no haber unidad mexicana —no la puede haber con la coexistencia y pugna de millones de hambreados y miles de enriquecidos desmesuradamente— se solicita, por lo menos, uniones, acuerdos defensivos, a la carrera. Dice bien Ricardo Anaya al plantear la necesidad de un acuerdo nacional que incluya la participación de los ciudadanos. La hay en ONG que denuncian y reclaman, a menudo con más puntualidad que la oficial.

Un buen deseo fantasioso es que se unifiquen las autoridades de todos los órdenes de gobierno. H. Larios, panista, del mismo modo anhela sin escrúpulo factual, sin posibilidad de que se pueda cumplir: “Tienen que haber compromisos claros, con fechas y plazos específicos de cómo recobrar zonas de gobernabilidad”. Sí Chucha (no Zambrano); no se sabe de las condiciones, cárteles, recursos militares y policiacos para determinar la criminalidad que suele ser mutante.

El PRI se agota y nulifica pues, vocearon senadores de ese confuso partido, tratan de paliar responsabilidades y aun culpabilidades de correligionarios, frecuentemente inculpados. Las maldades y perversiones no se concentran o limitan a cualquiera de los cárteles políticos.

Un clan familiar de cínicos y de abusos extremos, asociado con delincuentes profesionales, lo evidencia la pareja de José Luis Abarca Velázquez y su señora esposa y cómplice, María de los Ángeles Pineda Villa, según acusaciones y persecuciones ya formales. Su enfermedad delincuencial impuso la persecución de la PGR, acusados de la atrocidad mayor reciente: agresión a 43 estudiantes normalistas.

El listado de gente ligada a y dependientes de la ilicitud es extenso y de doquiera. La dualidad de funcionarios inmorales e ilegales tiene sede amplia en Michoacán, como es bien sabido. Su procurador de Justicia dio cuenta precisa de delincuentes enmascarados con cargos públicos municipales.

Un ex director de Seguridad Pública y dos personas más fueron partícipes de secuestros, extorsiones contra transportistas del municipio de Múgica y con contubernios con Enrique Kike Plancarte, jefe templario abatido por militares en Querétaro. Los funcionarios con dualidad de tareas, empleado público y malvado, eran directores de rango mediano, directores. Pudiera ser que trabasen ilicitudes como clan o pandilla. Secuestraban, mantenían en cautiverio. Fueron atrapados. El cobro de piso es, ha sido, fuente de ingresos malhabidos.

El PAN, y el mismo PRD, denuncian que no existe estrategia de seguridad nacional. Que no solo no se ha reducido la violencia, sino que se ha incrementado, contrariando versiones de la Segob. Hidalgo, Michoacán y Estado de México han padecido incremento de homicidios, el primero con 37.5 por ciento, el segundo con 25.5 y el tercero con 8.6.

Las decisiones arrojadas, insanas y estúpidas de la delincuencia se tornan paroxísticas con la muerte de un general encargado de la seguridad pública en el norte del país. No paran en nada ni en nadie hasta la fecha. El país no se va a caer, de seguro. Pero sí se va a ensangrentar y a doler más por la reiteración de atrocidades de criminales.

Bien dice José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos hechos “duelen y avergüenzan a la nación entera”.