Un estado débil a punto de erosionar

Con motivo de los muy lamentables acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, el actual gobierno se ha visto cuestionado en todos los niveles, no sólo en el nacional, ya existen pronunciamientos internacionales como el de la ONU, y qué decir de las organizaciones no gubernamentales ONG, que condenan la muerte y desaparición de 43 estudiantes normalistas.

De poco sirven en la opinión internacional, los logros en las grandes reformas estructurales del país, así como la buena imagen del Ejecutivo Federal, frente a la condena generalizada por los hechos acontecidos en Iguala.

Hay quienes llegan al extremo de señalar, que la violación a los derechos humanos en la actualidad, es equivalente a la que se dio en el año de 1968, en la matanza de Tlatelolco, colocando al país en una posición muy cuestionada ante la comunidad internacional.

La mayor parte de los habitantes de este país, hemos experimentado en lo personal o con familiares y amigos, la violencia que aqueja a esta Nación desde hace ya muchos años, igualmente, vivimos a diario actos de corrupción e impunidad de todo tipo.

En los municipios, funcionarios públicos honestos, son presionados por quienes no lo son, para que entren en el jugoso negocio de la corrupción, si no lo hacen, son obligados a dejar su trabajo, no sin antes ser seriamente amenazados.

Los cargos públicos de funcionarios de diversos niveles, son ocupados por personas que hacen negocios con recursos públicos en distintas áreas de la administración y cuando son descubiertos simple y sencillamente no pasa nada, reinando nuevamente la impunidad.

Los partidos políticos triunfadores, colocan a sus agremiados y seguidores dentro de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, sin importar el perfil y sus antecedentes, lejos de ser verdaderos servidores públicos, se sirven del  poder.

La corrupción e indemnidad, se ha convertido por desgracia en un verdadero problema de estado, no se trata de hechos aislados, la descomposición seguida de la impunidad, es una práctica generalizada dentro de las esferas del poder, por menor que este sea.

Para poder obtener permisos, para evitar ser sancionados, se recurre a la mordida, al amiguismo, compadrazgo; el hecho es no cumplir con la normatividad, las nuevas generaciones de mexicanos en cualquiera de sus respectivas trincheras, se involucran rápidamente en estas prácticas de corrupción.

Acudir a denunciar este tipo de hechos, se convierte en un verdadero acto de heroísmo del que no sólo se desprenden reacciones por parte de los denunciados, sino también por parte de las propias autoridades que los protegen.

La violación a los derechos humanos es recurrente y cada vez más grave, la falta de credibilidad, sobre todo por la corrupción en las autoridades de todo tipo, es generalizada y poco se denuncia, sólo hechos tan graves y que se ventilan a la luz pública, son los que se contabilizan.

El problema se agrava, cuando la delincuencia en este país, es el pan nuestro de cada día y las victimas, son olvidadas; no se obtienen resultados en las investigaciones de las distintas procuradurías, los responsables están sueltos, haciendo de las suyas.

Los secuestros, extorsiones, homicidios y todo tipo de delitos, se incrementan pese a los discursos oficiales; la sociedad mexicana es atacada, agredida e intimidada por la delincuencia “común” y la “organizada”, pero también por el estado, al violentar recurrentemente sus derechos humanos, al practicar actos de corrupción, que finalmente quedan en la impunidad.

¿Qué hacer como sociedad?, es una pregunta más que difícil de contestar, sin embargo, algo tenemos que hacer los ciudadanos de a pie, que nos vemos inmersos en este estado débil que puede convertirse en fallido.

El problema no es de ahora, el dilema tiene ya muchos años, se complicó al final de la gestión de Vicente Fox y se agudizó en la Calderonista; pero en este sexenio, no se ha podido disminuir, ni entregar resultados satisfactorios.

Sabemos que un problema tan arraigado en la sociedad como la corrupción e impunidad, asociado con la violación a los derechos humanos donde la delincuencia ha permeado a niveles de gobierno de primer nivel, es difícil de combatir, pero urgen resultados.

El caso de Iguala, nos muestra una radiografía muy clara de corrupción de distintas autoridades, de impunidad, de violación de derechos humanos, del poder de la delincuencia organizada  y de la fragilidad de la sociedad.

El respeto a la ley debe ser irrestricto y aplicarse siempre, quien quebrante el orden jurídico debe ser sancionado, no se debe tolerar que se violenten los derechos humanos, como aconteció con los normalistas de Ayotzinapa, pero igualmente, no se debe permitir que se destruyan y causen daños a edificios y patrimonio de la Nación.

Resulta grotesco, que normalistas roben camiones, los utilicen para transportarse en sus marchas y cuerpos policiacos los escolten, no puede ser posible, al igual que permitir los actos vandálicos en edificios públicos, esto no es prudencia política.

No hay comparación entre lo acontecido a los normalistas y los daños y actos vandálicos, eso es cierto, pero no existe pretexto que valga para violentar la ley, no olvidemos que el sindicato de maestros más hostil del país, está muy cercano a los normalistas, y a río revuelto, pueden pasar muchas cosas.

ftotrejo@gmail.com