¿Y la certeza jurídica?

En nuestra colaboración anterior, cuestionamos algunos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos de quienes ejercemos esta bella pero difícil profesión cuestionamos el actuar de nuestro máximo Tribunal Judicial del País.

Señalé que los logros que se obtuvieron en materia de derechos humanos, concretamente los beneficios prohomine o propersona establecidos en tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado en esta materia, es decir, en derechos humanos, en las reformas constitucionales de 2011 fueron gratificantes.

La citada reforma nos colocó a la vanguardia, al menos en el papel y faltaba mucho por avanzar, pero el hecho de quedar plasmados en la Constitución merecía un reconocimiento al estado mexicano, sin embargo, poco nos duró el gusto ya que la Corte, desde argumentos políticos y no jurídicos, mediante criterios no compartidos, se retractó.

La tan loable reforma, se vio opacada, por los criterios de la Suprema Corte que resolvieron que los tratados internacionales no se encuentran por encima de nuestra constitución; el debate, debemos decirlo, se inició por algunos legisladores temerosos a estos cambios.

La nueva ley de amparo que tantos años permaneció congelada, finalmente salió y en esta se prohíbe la aplicación de criterios jurisprudenciales en forma retroactiva, no obstante, volvemos a lo mismo, es la Corte la que interpreta cuando se  da esta figura de retroactividad. 

Bajo este actuar de nuestro máximo órgano judicial en la Nación, nace por contradicción de tesis, un criterio en el mes de octubre del año próximo pasado, en el sentido de declarar inválidas las actuaciones de todos aquellos procesos  jurisdiccionales que no contengan el nombre del secretario que las firma.

A simple vista parecería  que es lógico y legalmente válido exigir nombres y firmas de funcionarios  que resuelven y lo compartimos,  sin embargo, la mayoría de las legislaciones procesales en el país, sólo exigía nombre y firma del juez y firma del secretario.

Lo correcto debiera ser, que a partir de dicho criterio, se impusiera esa obligación con la consecuencia de invalidez ante su infracción, pero no aplicarse en forma retroactiva, sobre todo en los juicios que ya fueron concluidos o están etapas avanzadas.

Lo grave también, señalé en el artículo anterior, es que ahora los propios Tribunales Federales lo están haciendo de oficio, bajo el cobijo de ese criterio jurisprudencial que curiosamente utilizó como argumento, la seguridad y certeza jurídica.

Es precisamente la incertidumbre jurídica la que se crea con este tipo de criterios, ya no existe certeza ni seguridad jurídica, la cosa juzgada se abandona, lo cual es muy grave, algo está pasando en la Corte, los criterios no son muy atinados en las últimas fechas.

En el mes de febrero, desde nuestra óptica en forma atinada, declararon inconstitucional que los estados del país legislen, prevengan y actúen en materia de arraigo.

Todo surgió en virtud de que la CNDH, promovió una acción de inconstitucionalidad  contra el Congreso de Aguascalientes, que en una de sus últimas reformas al código penal, contempló la figura del arraigo, para delitos graves.

Desde la reforma federal de 2008, el arraigo se estableció, sólo para delitos  de delincuencia organizada, de tal suerte, que sólo podrá ser legislativamente hablando, competencia del Congreso del Unión y no de los estados.

Con la declaratoria de inconstitucionalidad y aunque no lo reconozcan, ahí están los videos del canal judicial, se señaló que las pruebas obtenidas durante el arraigo carecían de valor probatorio, si bien no fue el fondo del debate y se dejó para después, si hubo posturas en ese tenor.

A principios del mes de marzo, se estableció que la declaratoria de inconstitucionalidad, también beneficia a los sentenciados y que el objetivo es invalidar las pruebas que el ministerio público obtuvo durante el tiempo que duró el citado arraigo.

Con motivo de la tal declaratoria, un quejoso acudió a la Corte a solicitar el amparo correspondiente, sin embargo, se trata de un pederasta y violador de adolecentes en Aguascalientes, precisamente, a quien se le debe conceder la protección federal, el problema es, ¿qué pasa con las pruebas que se obtuvieron durante el arraigo?.

La desestimación de las pruebas y valoración  en su caso, está por determinarse y será importante saber cuáles son las pruebas que subsisten y cuáles son las que son inválidas.

Uno de los Ministros señaló que en este caso del pederasta, son más de 82 pruebas las que existen y no todas deben ser invalidadas, esperemos entonces para saber cuál es el criterio que impera, y la verdad, nos preguntamos: ¿cuáles serán esas pruebas? Pues prácticamente todas se obtuvieron durante el arraigo, lo que las hace inválidas.

La Corte, si bien no le correspondía, dejó al juez de la causa determinar qué pruebas serán tomadas en cuenta y cuáles son declaradas inválidas, el costo en un asunto tan sensible, es mayor y no tuvieron el valor de señalarlo dejándolo al fuero común, como vulgarmente se diría, se lavaron las manos; pues la situación jurídica del probable responsable se modificó y el fondo, son las pruebas.

Los criterios que la Corte emita, deben ser asumidos con mucha responsabilidad ya que por el sistema jurídico que tenemos, los mismos son obligatorios y por desgracia no siempre atinados.

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