Y ahora, ¿quién podra defendernos?

Ni el Chapulín Colorado, personaje afamado, creación del recién fallecido Roberto Gómez Bolaños Chespirito, puede ayudarnos, ni la astucia y el corazón del singular héroe, bueno, ni las pastillas de chiquitolina.

La amenaza es grande y grave, nos referimos a la continuación de la segunda etapa del puente  Benito Juárez, que sin duda e independientemente del origen de los recursos (federales), es la obra de mayor magnitud, tanto en inversión, como en utilidad, algo así como 700 millones de pesos.

La zona reclama desde hace ya bastantes años, una solución al conflicto vial que ahí se genera y que se agrava a pasos agigantados; el crecimiento en la construcción de vivienda en esos perímetros y  el aforo vehicular es sorprendente.

Esta obra tan importante viene a  mejorar la afluencia vehicular de cerca de 35 mil vehículos que diariamente circulan y no sólo soluciona los tiempos de traslado para los habitantes de esa zona, también los hace más seguros.

Esta magna obra, se ve amenazada en su continuidad y lo que es aún más grave, es probable que se pierdan los recursos federales asignados para la misma; el motivo, el conflicto con un empresario del transporte público de la localidad.

Fernando García Murguía, ganó al Municipio de León un Juicio, derivado de daños y perjuicios generados aparentemente por una ruta adicional que perjudicó a las ya asignadas a las empresas del citado empresario.

Se señala que el monto de la condena al Municipio fue por 30 millones de pesos, aunque sólo el 70% de dicha suma se encuentra firme, pues el restante 30% se encuentra Sub Judice, es decir, en litigio.

A pesar de que el terreno que se requiere en la continuación de la construcción de este distribuidor, no tiene nada que ver con dicho litigio, pero por desgracia para los habitantes de esta ciudad lo ingresaron al paquete.

Tras un supuesto convenio, que estaba por firmarse  aproximadamente en el mes de Noviembre de 2014 en donde el empresario transportista, aceptó que se le pagara en plazos y con una quita, el departamento Jurídico del Municipio presentó un recurso, lo que ocasionó molestia y la negativa de entregar el terreno referido.

A pesar de lo anterior las pláticas continúan y al parecer se respeta una quita bastante interesante y plazo de 18 meses, en los cuales el municipio no desembolsaría las cantidades, pues el empresario realiza pagos por diversos conceptos al propio Municipio y sería a cargo de estos.

Desde luego que firmado el convenio el terreno se entregaría inmediatamente y con ello terminaría cualquier especulación respecto de la construcción del distribuidor vial Benito Juárez.

Todo indica que se puede subsanar a la brevedad este problema, sin embargo, parece que alguien dentro de la administración municipal o del H. Ayuntamiento se niega a realizarlo en esos  términos, habrá que ver bajo qué argumentos.

Lo cierto es, que en caso de que no se solucione este conflicto, la continuidad de esta construcción está en riesgo, mismo que no debe correrse, pues sería imperdonable, sobre todo en esta época electoral, o ese será el motivo real?

De existir las condiciones jurídico procesales citadas y la disposición del  empresario en la forma señalada, no nos explicamos cual sea el motivo para concluir el conflicto en aras del beneficio, no solo de los habitantes de la zona sino de la comunidad leonesa en general.

Los miembros del H. Ayuntamiento deben intervenir en forma urgente y en lo posible buscar el beneficio de sus representados, solucionando este problema, o salir a aclarar cuáles son las causas que se los impiden.

Ojalá las Autoridades Municipales y el H. Ayuntamiento lleven a buen puerto las negociaciones y proporcionen la seguridad para la conclusión de esta obra, independientemente de que se diga que no se detendrá la segunda etapa, deben darle tranquilidad a la ciudadanía.

Hay quienes sostienen dentro de la Administración Municipal que no se corre peligro con los recursos federales y que la segunda etapa puede continuar sin problema, pues el referido terreno no se requiere al menos en los inicios de esta etapa, pero de ser así, el problema sigue latente.

Lo cierto es que la liga se estiró demasiado e independientemente del origen del problema y de que García Murguía, sea beneficiario del Municipio en el tema del Transporte Público y del Estado con los permisos de taxis, la verdad es, que legalmente ganó un juicio y tiene derecho a reclamar el cumplimiento de la sentencia.

Por el beneficio de los leoneses y ante el aparente peligro ya señalado, el Estado e incluso la propia Federación pueden intervenir y solucionar de tajo esta problemática y de paso colgarse la medallita.

El llamado es a la solución de un conflicto que puede llegar a ocasionar un menoscabo a la ciudadanía, por lo tanto, es válido que se reclame la intervención de cualquier Autoridad que tenga la posibilidad y habilidad  de solucionarlo.

Es una obra gestionada por la actual Administración Municipal ante la Federación y los recursos son de este nivel de autoridad, pero la ciudadanía lo que quiere es que se concluya la obra.

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