Regresión en materia de derechos humanos

Abandonando criterios ya sostenidos con anterioridad, con 10 votos a favor y 1 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió mediante jurisprudencia por contradicción de tesis, la desaparición del principio Pro omine o pro persona, que establece, que cuando existan distintas normas que protejan los derechos humanos, debe prevalecer la protección más amplia.

Esta protección más amplia, ya había sido materia de interpretación de la propia Corte y de Tribunales Colegiados, sin embargo, ahora se da marcha atrás, a pesar de que el artículo 1 de la constitución es muy claro al respecto.

En el sexenio anterior, concretamente el 10 de junio de 2011, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a rango constitucional, el reconocimiento a los derechos humanos, dándole supremacía a la norma que otorgue mayor protección, independientemente de su procedencia, es decir, del derecho interno o en los tratados internacionales.

La comunidad jurídica, diversas organizaciones de derechos humanos, vieron con buenos ojos esa reforma, a pesar de que significaba un cambio radical en el ordenamiento jurídico mexicano, sobre todo con el principio de convencionalidad, que consiste en que todas las autoridades deberán verificar que la norma que se aplica a un caso concreto, sea acorde a los tratados internacionales en la materia.

Los primeros criterios del poder judicial de la federación, los artículos, ensayos y análisis de estudiosos del derecho en ese particular, fueron y siguen siendo polémicos, sin embargo habrá que reconocer que la gran mayoría se mostró satisfecha con la reforma.

Habrá que reconocer que existen detractores a los que no les falta razón para los cuestionamientos, sin embargo, reitero que poniendo en una balanza la reforma del 10 de junio de 2011, resulta que esta era necesaria, probablemente la entrada en vigor fue precipitada y esta debió hacerse por partes.

Cuesta trabajo aceptar la existencia de un derecho supranacional, que se impone a la Norma Constitucional, el esquema de supremacía constitucional arraigado y concebido como algo inamovible, de la noche a la mañana se ve roto y es difícil comprenderlo.

Los jóvenes abogados, fueron sin duda los primeros en adecuarse a la reforma, pero también, el poder judicial de la federación como ya apuntamos, se mostró a favor de estos cambios en las primeras interpretaciones al respecto.

Desde luego, que la Suprema Corte de Justicia, no fue tan evidente en su reconocimiento, sobre todo en el sentido de la jerarquía normativa; ¿Eran los tratados internacionales o la Constitución, la norma suprema?, este tema escabroso, se evitó en lo posible, sin embargo, existieron criterios al respecto a favor del derecho externo.

Prueba de lo anterior son varios criterios del Pleno de la Corte, reconociendo la protección más amplia en materia de derechos humanos, independientemente el origen de la norma, es decir, sin importar si se encuentra en la constitución, leyes secundarias o en tratados internacionales.

Dichos criterios no establecían restricción alguna, incluso si el tratado internacional otorgaba al ciudadano una mayor protección que la propia constitución, se aplicaría la primera por contener mayores beneficios.

Recientemente, como lo apuntamos a inicio de estas líneas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que si el beneficio es mayor en los tratados internacionales, pero estos contradicen a la constitución, será esta última la que se aplique, lo que a mi entender significa un retroceso.

Aunque no conozco la resolución completa, los argumentos que hayan plasmado, necesariamente son contrarios a los expuestos en otras resoluciones, abandonar el principio pro persona, es un retroceso, incluso atenta contra la propia constitución y desde luego contra los tratados internacionales.

El espíritu de la reforma es abandonado, así como los criterios que habían sustentado con anterioridad el proyecto original; del Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el voto venía en sentido opuesto, es decir, reconociendo la protección más amplia a pesar de contrariar a la Constitución.

Prejuicios históricos en este y otros temas, impiden a nuestro país lograr el tan anhelado cambio, el pasado pesa mucho más en esta nación que en cualquier otra, y esa ancla, nos mantiene en el fondo sin poder salir a flote, de poco o nada sirve la reforma, con este criterio.

Amnistía Internacional, pidió a los Ministros, respetar el principio pro persona, pero por desgracia nada logró, este desapareció por criterio de la mayoría, a pesar de estar reconocido en la propia constitución que paradójicamente tanto defienden.

Con esta nueva resolución, habrá que analizar como quedan varios fallos del poder judicial de la federación, que en materia de derechos humanos se habían emitido.

Bien por el ministro José Ramón Cossío, Ministro disidente.