Privilegios bancarios y la cartera vencida (primera parte)

En el año de 1983, ingresé a una institución de crédito a laborar en el departamento jurídico regional en esta ciudad, recién había transcurrido la “nacionalización”, “estatización”, expropiación”, o la figura jurídico administrativa que se le quiera otorgar a la intervención directa del estado en la Banca Mexicana.

Desde entonces y a la fecha, la cartera vencida administrativa y legalmente es el dolor de cabeza de la banca y se buscaba por todos los medios, reestructurar créditos a fin de sacarlos del vencimiento en que se encontraban; en realidad sólo se trataba de un maquillaje temporal  y no de una solución de fondo.

Muchos fueron los problemas que se presentaron desde aquel lejano 1983 a la fecha y la banca fue transformándose para bien o para mal, para llegar a lo que hoy tenemos, un sistema bancario en manos de extranjeros fundamentalmente y  que resulta poco competitivo, con altas tasas de intereses  y un sinfín de requisitos para la obtención de créditos.

Con toda seguridad fue en el año de 1994, concretamente en diciembre de ese año, en que se colapsó el sistema financiero en general, entrando al rescate el FOBAPROA, que de alguna manera aminoró el impacto del desastre.

El ejecutivo federal y la asociación nacional de bancos, buscaron múltiples mecanismos que permitieran aligerar los impactos de la cartera vencida y el incremento en las tasas de interés, que finalmente imposibilitaron el pago de los créditos.

Curiosamente no fueron medidas económicas, financieras o administrativas las que se emplearon en aquéllos años de crisis, fueron los tribunales quienes sirvieron al estado para que el problema estrictamente económico disminuyera.

En aquellas épocas aparecieron criterios de tribunales federales que impedían a la banca obtener en forma rápida y eficaz el pago de los créditos otorgados o bien ejecutar las garantías proporcionadas.

Inicialmente apareció el criterio de la certificación contable o estados de cuenta, donde el poder judicial de la federación estableció en jurisprudencia firme, la necesidad de desglosar el referido documento que contenía el adeudo y aunque parezca algo sencillo, la verdad es que en muchos bancos no se tenía la infraestructura para hacerlo.

Dicho estado de cuenta o certificación contable de acuerdo al criterio citado, debía contener todos y cada uno de los movimientos efectuados desde el otorgamiento del crédito, pasando por el día en que incurrió en mora el deudor, pagos parciales, fechas, tipo de tasa aplicable, pues esta se pactaba principalmente, variable.

Como señalé, todos estos requisitos hacían difícil contar con el citado estado de cuenta debidamente desglosado para intentar la vía más rápida y de mayor presión que es la ejecutiva y se optaba por la vía ordinaria que representaba mucho más tiempo de litigio.

Pero el problema no quedó ahí, con posterioridad  al criterio sobre los estados de cuenta, parecieron muchos otros como el anatocismo, la falta de personalidad entre muchos otros,  mismos que impedían obtener el pago en forma rápida, por el contrario, se beneficiaba al deudor al asumir estas posturas.   

Esos años de incertidumbre legal por la diversidad de criterios en materia bancaria y financiera en general, evitaron cobrar a miles de morosos, la mayoría que verdaderamente no podía seguir pagando su crédito, pero por desgracia, también se fomentó la cultura del no pago.

Miles de acreditados encontraron en este rio revuelto, la justificación o pretexto de no pagar o bien de entregar vía dación en pago garantías que no eran suficientes para cubrir los pasivos.

Muchos deudores acrecentaron considerablemente su capital ante todo este maremágnum de criterios y reformas, dejando de pagar o pagando cantidades ínfimas, en claro detrimento al estado, que por medio del FOBAPROA realizó el “rescate de la banca”, o mejor dicho el rescate de los dueños de la banca mexicana y extranjera.

El grueso de los acreditados y deudores se centró en créditos otorgados para casa habitación, por lo que apareció el fenómeno de casas abandonadas y destruidas que todavía vemos en muchas ciudades del país.

Miles de mexicanos perdieron sus casas a pesar de los esquemas “novedosos” que implementó el estado, caso concreto “LAS UDIS” que fue vendido como la solución al problema económico que aquejaba a deudores y banca, sin embargo, la percepción que se tiene al respecto es que no funcionaron, al menos no como se esperaba.

En términos generales el servicio bancario es deficiente y muy caro en este país, las altas tasas de interés y los esquemas crediticios, poco abonan en el crecimiento de la productividad en esta nación.

Por otro lado, debemos reconocer que existe un gran número de créditos en cartera vencida, a pesar de que existen privilegios a la banca, como el hecho de la unilateralidad de la certificación bancaria al momento de demandar, pues este documento que proviene de una de las partes hace posible adoptar una vía ejecutiva.

A lo largo de la historia de la banca en este país, se han dado una serie de privilegios al sistema y aun así, existe una cartera vencida considerable, tal parece se trata de compensar con los privilegios, en el próximo artículo estableceremos en qué consisten estos y la inminente implementación de tribunales especiales, para asuntos bancarios.

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