Privilegios bancarios (Segunda parte)

En el artículo anterior, abordé de manera muy breve, algunas crisis del sistema financiero mexicano en los tiempos recientes, fundamentalmente, la problemática bancaria de 1994, la cual impactó gravemente en la economía del país.

Muchos fueron los afectados, sobre todo quienes contábamos con créditos hipotecarios y de consumo, pues las tasas de interés alcanzaron porcentajes históricos imposibles de cubrir.

El problema económico no fue resuelto con ingredientes de este tipo, es decir, no fueron programas económicos fundamentalmente los que disminuyeron los efectos de esta severa crisis, fueron en realidad muchos criterios judiciales que obstaculizaron que los acreedores pudieran hacer efectivas sus garantías.

Para bien o para mal, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien con criterios proteccionistas a los deudores, evitó un verdadero caos en aquellos tiempos, pues de no haber surgido estos, los bancos principalmente,  entre otros acreedores,  hubieran obtenido su pago judicialmente en forma muy rápida.

Esos criterios a los que nos referimos, vinieron a frenar en gran medida muchos de los privilegios que las legislaciones mexicanas otorgan al sistema financiero mexicano en general.

Jurídicamente es muy cuestionable, que documentos provenientes de una de las partes, en este caso de bancos o instituciones financieras de otro tipo, tengan de inicio un valor probatorio que les permita ejecutar, nos referimos a las certificaciones contables.

Otros criterios relativos a nulidades, personalidad de los representantes de bancos, el anatocismo, frenaron las acciones de los acreedores, permitiendo un gran respiro a los deudores y al propio gobierno federal que implementó diversos programas de ayuda.

En aquella época por primera vez, se les puso un freno a dichos privilegios, lo cual de alguna manera fue entendible y justificable y fue hasta el año 2000 aproximadamente en que la Suprema Corte modificó los criterios, regresando de nueva cuenta los privilegios.

En muchos de los estados, empresarios inmobiliarios presionaron a los diputados  a fin de obtener reformas a la legislación civil y adjetiva, que les permitiera cobrar con mayor rapidez sus créditos en caso de mora y Guanajuato no fue la excepción, dichas codificaciones se modificaron en forma exprés, incorporando figuras de juicios sumarios hipotecarios.

A nivel federal las cosas no fueron distintas, se ingresa un artículo bis al Código de Comercio a fin de que el acreedor, opte por la vía que mejor le acomode o le convenga, conservando las garantías.

Por nuestra cultura, cuando nos conviene señalamos que las leyes protegen a los pillos, incumplidos y delincuentes, pero también señalamos en forma contradictoria, que las leyes en  nuestro país están hechas a favor del poderoso y en contra del débil.

Estas posturas eclécticas, las escuchamos a diario y no reflejan más que inconformidad social y desconocimiento en temas de procuración y administración de justicia.

Lo cierto, desde nuestra óptica, es que en toda legislación sobre todo de naturaleza económica o que implica una relación con esta, existen actores que son sujetos de alguna de estas leyes y que se ven afectados o favorecidos con su contenido.

Ante tal escenario presionan a los actores políticos involucrados, tratando de influir en las reformas e iniciativas de ley y el caso de la banca no es la excepción, la Asociación de Bancos de México, han reclamado la creación de tribunales especiales, pues argumentan lentitud y dificultad para recuperar sus créditos.

Esta solicitud de Tribunales Federales Especiales, reiteramos bajo el argumento de lentitud e ineficiencia de los existentes que durante años reclamaron los banqueros, por fin encontró eco.

Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la implementación de jueces de Distrito Mercantiles Federales, está en marcha y pronto veremos esta nueva figura en nuestro país.

En lo personal me parece innecesaria, sobre todo por los recursos y tiempo que tardará en implementarse, la percepción que se tiene de que los tribunales federales son más expeditos y mejores no es del todo correcta.

Hoy en día, es válido acudir a los jueces de distrito a presentar una demanda mercantil de cualquier tipo y la verdad es que los jueces batallan con este tipo de juicios, pues están más enfocados a otros tipos de procesos federales y desde luego al amparo, pero no a los mercantiles.

La especialidad mercantil referida en la reforma, desde luego que abonará en eficiencia, sin embargo, habrá que ver cuánto tiempo tendremos que esperar para ver los resultados de la especialidad.

Aquí el problema es otro; ¿por qué ceder ante un gremio tan poderoso económicamente que desde luego se verá beneficiado, a costa de miles y miles de deudores en cartera vencida?, para esto, si hay presupuesto y, ¿qué pasó con el presupuesto para las reformas del proceso penal acusatorio que lleva años con un significativo atraso?

De que hay privilegios, hay privilegios, sobre todo para la banca.

ftotrejo@gmail.com