Opinión sobre la ley antibullying

En la colaboración anterior, abordamos el tema del Bullying y sostuvimos que por desgracia este fenómeno social crece cada vez más, igualmente, mencionamos que en el estado de Guanajuato se diseñó un instrumento jurídico con el que se pretende hacer frente a este problema; nos referimos a la “Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar en el estado y sus municipios”.

Esta legislación por desgracia, desde nuestra perspectiva, es confusa y técnicamente mal elaborada; festejamos, el interés del legislador local por abocarse a problemas reales que aquejan al terruño y que son tan sensibles, sin embargo, la codificación en comento tiene muchas deficiencias.

Aprobada a mediados del año 2013, este cuerpo normativo, involucra  institucionalmente a muchas autoridades y deja demasiada responsabilidad en los directores de escuela, aunque en este rubro es donde mayor confusión existe respecto de quién acude a denunciar, generando con ello una pérdida de tiempo muy valioso.

La ley que nos ocupa es genérica al referir el entorno escolar, así como la comunidad educativa, es muy amplia, sin embargo, es probable que el legislador lo haya preferido en esos términos y no pecar de lacónico.

El problema de la legislación de marras, lo centramos en el ámbito de las autoridades que aplicarán la ley y en el de sus atribuciones; así tenemos por ejemplo, que el artículo 15 establece las diversas autoridades competentes para su empleo, y en VII fracciones, especifica las mismas.

Llama la atención el hecho de que no se señale a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Procuraduría de Justicia del Estado, pues dada la naturaleza del bien jurídico que se pretende tutelar, consideramos es indispensable  la intervención de estas dependencias.

Sin embargo y en forma contradictoria, el artículo 21 del mismo cuerpo normativo le otorga a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, diversas facultades en cuatro fracciones, lo cual resulta jurídicamente contradictorio, aun y cuando la citada dependencia tenga autorización en otras normas, pues el ordenamiento legal que se analiza es la “Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar en el estado y sus municipios”.

Nos parece extraño que no se contemple a la Procuraduría de Justicia del Estado, pues muchas de estas conductas pueden ser delictivas y es necesario que quien representa a la Sociedad intervenga.

La legislación que venimos comentando, no contempla los casos de flagrancia, omisión, que consideramos grave, ya que es importante regular aquellos casos de violencia escolar, cuando se están generando, sobre todo por el hecho de que algunos o muchos, pueden ser constitutivos de delito.

Cualquier legislación debe establecer, en forma clara y precisa, quienes son las personas físicas o morales responsables de denunciar ante las autoridades competentes los hechos acontecidos, no hacerlo o hacerlo deficientemente, aborta los objetivos de la norma.

En el caso de la ley que estamos refiriendo, existen varios responsables designados en forma confusa; primeramente debemos aclarar que se mencionan diversas autoridades encargadas de aplicarla, pero también existen atribuciones que ésta otorga a cada autoridad.

En el particular, son 7 autoridades encargadas de su aplicación (art.15), pero también tenemos una red estatal como instrumento de regulación, artículos 27, 30,  31 y 32 entre otros, que contempla un organismo Estatal, uno municipal y otro escolar y cada uno de estos, tiene sus atribuciones y conformación diferente.

En ese orden de ideas, el organismo de menor rango será el escolar, seguido por el municipal y  estatal respectivamente, siendo estos cuerpos colegiados quienes en principio serán los encargados de presentar las denuncias correspondientes.

De conformidad con el  artículo 36, el órgano escolar por conducto del director de la escuela, que es quien lo preside, deberá presentar y dar seguimiento a las denuncias de violencia en el entorno escolar, sin embargo, el diverso dispositivo 34, segundo párrafo, señala que será el órgano municipal quien deberá presentar la denuncia, lo cual es totalmente contradictorio.

La situación se agrava, cuando el numeral 40, impone al Director de la escuela, investigar la violencia escolar y notificar a la autoridad inmediata superior; ¿será el órgano municipal o la Secretaría de Educación?, asimismo impone la obligación de “notificar” a la Procuraduría de Justicia a la de Derechos Humanos, DIF del Estado, Secretaría de Salud  y a los padres y tutores.

Existe también otro precepto confuso, el artículo 20 fracción III, que le otorga al DIF estatal, la facultad de de diseñar mecanismos de denuncia, es decir, serán formatos o también podrá denunciar.

La ley tiene varios desaciertos que esperamos se corrijan y se le quiten responsabilidades de policía, psicólogo, médico, abogado, al director de la escuela, simplemente imposible que cumpla.

El reglamento entró en vigor en octubre de 2013 y para no desentonar igualmente tiene errores significativos, esperemos se modifiquen estos y otros puntos y se instalen los organismos de la famosa red, al parecer faltan los municipales y los escolares.

ftotrejo@gmail.com