Honestidad vs. corrupción e impunidad

Hoy como nunca, los políticos en general, se encuentran más que cuestionados, fundamentalmente en cuanto a su honestidad, independientemente de la institución política a la que pertenezcan y a la ideología que profesan.

La actividad política, noble en esencia, esta manchada por grandes pinceladas de corrupción en los tres niveles de gobierno y dicha percepción, es prácticamente respecto a toda la clase política, al menos en este país.

¿Qué es lo que en realidad ha sucedido, sobre todo en los últimos años, donde la sociedad mexicana da cuenta de grandes escándalos de la clase política nacional, en este lacerante tema de corrupción e impunidad que van de la mano?.

La ciudadanía constata que individuos que se inician en esta actividad, con independencia del partido político al pertenezcan, incrementan su patrimonio en algunos casos, en forma grotesca, gozando de una increíble impunidad.

Estos ciudadanos políticos, en la mayoría de los casos sin preparación y sin cualidades, llegan a ocupar cargos de elección popular o pasan a engrosar la nómina de la administración pública, sin contar con los conocimientos adecuados o como elegantemente señalan con el perfil idóneo.

Muchos de estos políticos al vapor, se marean y adoptan actitudes de prepotencia y se dedican al beneficio personal o de terceros, se olvidan por completo de los ciudadanos, al grado incluso, de tomar represalias en contra de estos.

Increíblemente, vemos como el vecino, conocido, el conciudadano que se dedicó a la política, progresa económicamente en grandes proporciones, la mejoría en este rubro es evidente y sustancial, pero también inexplicable.

Si bien la falta de conocimientos y preparación para estar en la Administración Pública, o en un cargo de elección popular también es corrupción, al recibir del erario un sueldo o salario que no merecen,  se agrava cuando aparece el soborno o la ilegalidad en general.

La corrupción ha existido siempre, pero también es cierto que cuando esta permea en los gobiernos y en los particulares, aparecen las sociedades moralmente corruptas, donde se desplaza a los valores, virtudes y responsabilidades.

El primer acto de corrupción concebido como tal, aparece en el Antiguo Egipto fue: el Soborno, el cual fue regulado y sancionado incluso con la pena de muerte, se establecía: “Cualquier juez, que aceptara recompensa de un litigante y se negara a escuchar al adversario, era culpable de crimen en contra de la justicia y sujeto a pena capital”.

La segunda regulación sobre actos corruptos verdaderamente importante la encontramos en la primera Constitución Norte Americana, donde aparece el término de “Juicio Político”, aplicable al Presidente y a los jueces exclusivamente.

En el siglo XX, los países llamados de primer mundo, introducen en su sistema normativo local, regulaciones y sanciones a los actos de corrupción de funcionarios públicos, sin embargo, esto no trascendió a lo internacional.

Fue en la época del presidente Nixon, donde al aparecer contribuciones ilegales en compañías de EUA y sobornos a funcionarios en el  exterior, que se regula por primera ocasión este tema, más allá del ámbito estrictamente local.

Por afectar al erario público y por desnaturalizar el trabajo del verdadero servidor público, es que la corrupción la asociamos de inmediato con la política, aunque en el ámbito privado existe y con índices preocupantes.

Desde luego, que existen políticos de altas miras, entregados, con convicción, sensibilidad social, son estos los que hoy reclama la  ciudadanía y son estos los que pueden lograr un cambio importante en este y otros temas de interés de esta sociedad, justificadamente incrédula.

En los últimos años, los mexicanos atestiguamos infinidad de actos de corrupción de funcionarios de todos los niveles, sin  importar color o procedencia; y fue básicamente por los medios de comunicación, que el ciudadano de a pie tiene conocimiento de ello.

En Guanajuato, el sexenio pasado fue altamente cuestionado por  muchos actos de corrupción en distintas carteras del gobierno del estado, sin embargo, a pesar de la percepción de la ciudadanía de la existencia de esta, nada se ha hecho legalmente.

¿Qué sucede entonces?; el guanajuatense común, ajeno a la política, que es la gran mayoría, no tiene elementos para establecer en donde y de qué tamaño fueron los actos de corrupción y quien los llevó a cabo, pues no existe a la fecha una investigación oficial donde se sancione a los responsables.

Recientemente, a la Administración Municipal que encabeza Bárbara Botello, se le imputan actos de corrupción, lo cual sería lamentable tomando en consideración entre otras, la extraordinaria labor que en materia de obra pública (sin precedentes), se ha tenido en el terruño.

Habrá que esperar el resultado de las investigaciones que en distintas auditorias se lleven a efecto para poder establecer con precisión y en forma objetiva, si en realidad hay responsabilidad.

Condenar o exonerar a alguien, sin que se concluyan las investigaciones, no resulta prudente y en este momento no existe una resolución en un sentido o en otro.

ftotrejo@gmail.com