Cobranza amenazadora

Durante muchos años, sobre todo a partir de la crisis financiera de 1994, el cobro de cartera vencida que tienen Instituciones de Crédito, empresas privadas, tiendas departamentales y todas aquellas que tienen sistema de crédito, se hace en forma intimidatoria.

Desde luego que no todos los despachos de cobranza son iguales, pero la gran mayoría, utiliza amenazas en sus requerimientos de pago e incluso, llegan al extremo de simular documentos con cierto parecido a los oficiales.

Las llamadas telefónicas, se hacen indiscriminadamente, sin importar si es de día, noche o madrugada, la insistencia en sí misma es molesta y desgastante, pero lo más grave son las amenazas y forma que efectúan el cobro.

No existe regulación sobre este tipo de empresas que se dedican a efectuar estos requerimientos de pago, aunque con los documentos que envían bien se podría presentar una denuncia penal por amenazas, además de hechos falsos que plasman en su papelería de cobro.

Este sistema intimidatorio de cobranza, lo hacen también organismos gubernamentales centralizados y descentralizados, por medio de este tipo de despachos recuperadores de cartera vencida, no es exclusivo de particulares.

El éxito que estas empresas tienen es impresionante y gozan  de perfecta salud financiera, lo que les permite crecer en todos los rubros fundamentalmente en presencia y logran muchas de ellas tener sucursales en prácticamente todo el territorio nacional.

Las autoridades se hacen de la vista gorda y evitan enfrentar a estas compañías, que ante tal silencio, hacen lo que quieren para lograr su cometido, que es recuperar los créditos.

Lo que los deudores ignoran es que gran parte de las amenazas que hacen sólo quedan en ese terreno, muchas de las cuentas están prescritas, no cuentan con los documentos completos para iniciar una demanda o bien, saben que en la vía legal, difícilmente podrán cobrar esos adeudos.

Uno de los casos más frecuentes es el cobro de telefonía, las compañías recaudan puntualmente el consumo de los usuarios, como si en realidad brindaran un buen servicio, cuando lo cierto es, que la gran mayoría proporcionan un pésimo servicio y caro.

Los contratos de adhesión que firmamos los usuarios, son leoninos a pesar de que se encuentren inscritos y avalados por algunas autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor, la realidad es que son ventajosos y a favor del prestador del servicio.

Los plazos obligatorios, la penalización y registrarnos como morosos ante el Buró de Crédito, se pueden evitar con una buena asesoría, pues existe engaño en la contratación y aunque en materia mercantil no existe lesión, estamos ante la presencia de otro tipo de vicios, además de que los criterios de Corte sobre la Lesión, tienden a modificarse.

Aunque en muchos de estos contratos se someten las partes a un Arbitraje Comercial, lo cierto es que la Procuraduría del Consumidor está atendiendo las  quejas con buenos resultados y logran conciliar los intereses de las partes en un gran porcentaje.

Lo recomendable en este tipo de situaciones es no dejarse intimidar con los requerimientos de pago, aunque el escenario ideal es el de leer perfectamente los contratos que firmamos antes de la contratación.

Hay que tomar en cuenta que si estas empresas no acuden a las autoridades judiciales competentes para efectuar el requerimiento es por alguna de las circunstancias ya señaladas, por lo tanto no debemos alarmarnos y se debe buscar una asesoría.

Quienes conocemos un poco del tema, sabemos que esta forma de requerimiento extrajudicial es inofensiva, no podrán jamás obligar a cubrir lo reclamado si no es por medio de un proceso legal con una orden de un juez.

No se invita al incumplimiento, ni se pretende fomentar el mismo, pero no se puede permitir a estas grandes empresas lucrar con el miedo y desconocimiento de los deudores, es aberrante y grotesca la forma en que muchas de estas compañías se dirigen a los deudores.

Por desgracia, la gran mayoría de estos despachos de cobranza logran su cometido y obtienen el pago de los adeudos reclamados, ojalá se regularan este tipo de actividades a fin de evitar la intimidación.

Con las reformas constitucionales este tipo de conductas de cobro, encuadran perfectamente en violación a los derechos humanos de los deudores, la violación ya no sólo es de las Autoridades, también abarca a los particulares que despliegan este tipo de acciones.

Por lo tanto en estos momentos, podemos acudir a la Procuraduría del Consumidor; cuando se trate de la Banca a la CONDUSEF; a la Procuraduría de los Derechos Humanos, e incluso dependiendo cada caso, al Ministerio Público.

Tarde que temprano estas empresas tendrán que modificar su forma de requerir el pago de adeudos, mientras llega ese tiempo, los invito a que no se dejen y se asesoren, se cuenta con varias opciones.

ftotrejo@gmail.com