Seamos todos “ONAPPAFOS”

Entre más población haya y las ciudades crezcan más, en las que se tienen que recorrer largas distancias para trasladarse de las casas habitación a los centros de trabajo, escuelas, deportivos, oficinas privadas y públicas, de convivencia familiar, de sano esparcimiento, etc., aumenta la necesidad del transporte en vehículos automotores particulares;  aunado todo ello al tráfago o ajetreo de la vida moderna; los cuales, si son nacionales, no todas las personas los pueden adquirir; pues solo un porcentaje muy mínimo de la población puede comprarlos.
El costo de los vehículos último modelo, salidos de la fábrica, no es mucho muy elevado; sino que lo que los encarece son los impuestos que cobra el gobierno Federal, a las agencias vendedoras y a quienes los adquieren; entre los que se encuentran el Impuesto Sobre la Renta ISR,  el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos ISAN, Impuesto Sobre el Valor Agregado IVA,  etc., que hacen  que los vehículos sean  inasequibles a las grandes mayorías necesitadas de transporte propio.
Por eso parte de esa mayoría  recurre a la adquisición de automóviles introducidos al país  sin pagar los impuestos de importación,  conocidos como “chuecos” o “checoslovacos”, a bajo precio; pero como su estancia aquí  es ilegal, entonces tienen que recurrir al apoyo de organizaciones  de protección  del patrimonio familiar, que  efectivamente sí son  protectoras del patrimonio familiar,  pero del de los dirigentes de esas asociaciones.
Esas organizaciones dan protección a los adquirentes de vehículos chuecos, a cambio de jugosas cuotas, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, la Secretaría de Finanzas  SEFIN,  del gobierno del Estado;   los ayuntamientos de Coahuila, y desde luego Seguridad Pública, de Tránsito y Vialidad, no toquen ni con el pétalo de una rosa a los que circulan en vehículos que la voz populi, conoce como onappafos, que son sinónimos de vehículos chuecos; no obstante que ni están nacionalizados  ni pagan derechos vehiculares ni placas ni tenencias  ni tarjetas de circulación ni  nada de todo lo demás que pagamos los que con grandes sacrificios nos esforzamos por andar derechos.
¿Es gratuita esta impunidad que el gobierno da  a los onappafos? Desde luego que no, pues el Tesorero Municipal, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Hacienda y Crédito Público,  y los demás que les hacen la “talacha”, como son los jefes  de  policía y tránsito, y los agentes  de la SHCP, reciben periódicamente sus buenos “moches” de  los millonarios ingresos que perciben los dueños de  organizaciones  dizque defensoras del patrimonio familiar. Tan bueno es el negocio de esas organizaciones que ya  hasta su denominación o nombre han inscrito ante las autoridades competentes, como marca registrada, como un nombre comercial, como si  fuesen un refresco o una empresa, que lo  patentan de su exclusiva propiedad,  para que otros no lucren  con él;  al grado de que se ha ventilado en los medios  que hay o hubo un litigio judicial por la titularidad de la marca registrada de una de esas organizaciones. De ese tamaño es ese jugoso negocio que salpica a las autoridades.
Por eso el Secretario de Finanza de Coahuila, ya anunció que en este decomiso de vehículos que no traigan las placas vigentes, o las placas  ya están vencidas, que será a partir del 31 de marzo,  no incluirán a los onappafos.
Los vehículos chuecos portan en el lugar en el que deben de ir las placas, un cartón o lámina con el nombre de la organización a la que pertenecen; lo que equivale a no traer placas de circulación; toda vez que esa lámina o cartón carece de toda validez oficial; por lo que la ciudadanía está sumamente indignada con las autoridades municipales y estatales, por la discriminación que están haciendo en su contra; pues mientras la mayoría de los conductores  no ha tenido dinero para comprar las nuevas placas, pero trae las viejas, a los onappafos que ni siquiera traen estas placas, ilegalmente se les está dando impunidad.
Los onappafos no tienen la culpa de toda esta situación; pues son víctimas de la crisis económica y de la falta de justicia social en el país, y de la imperiosa necesidad de traer vehículos chuecos;  lo que se evitaría si el gobierno no cobrara tantos impuestos a los automóviles nacionales para que todos pudiéramos hacernos de uno de ellos. Los concesionarios o dueños de las agencias de vehículos, tampoco son culpables de esta situación. El único culpable de todo este problema es el gobierno, gobierno que no es del pueblo sino que es  de los corruptos.
Por eso el Tesorero Municipal de Torreón, curándose en salud y para que no se vaya  a decir que el buen juez por su casa empieza, declaró que acaba de comprarle las nuevas placas a las flamantes unidades que recientemente presumieron; sí,  las compró,  pero no con el dinero suyo sino del sufrido pueblo.
Por eso, ante toda esa corrupción  e impunidad–que ojalá la ciudadanía se las cobre en las elecciones del próximo 6 de julio-,  la mayoría de los que tenemos necesidad de un vehículo estamos pensando en la conveniencia de ser onappafos o tener un vehículo municipal.


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