Leyes “antibronco”

Las candidaturas independientes a puestos de elección popular nacieron como una reacción ciudadana contra el monopolio de los partidos a la postulación de esos cargos públicos,  sólo en favor de sus protegidos,  en perjuicio de la sociedad.

La sociedad vio con malos ojos que los partidos no seleccionaban a los mejores ciudadanos, sino a los peores, para ser registrados como  candidatos; por lo que entonces desató un movimiento en favor de las candidaturas independientes, que encontró férrea oposición de algunos partidos que alegaron que sólo ellos podían pedir el registro de candidatos.

Pero la sociedad se impuso con base en la Constitución que reconoce el derecho de los ciudadanos de votar y ser votados; lo que debe interpretarse que ellos pueden registrarse directamente sin intermediación de partido alguno, lo que finalmente fue reconocido en la Constitución, que exige entre otros requisitos, que el registro lo solicite el 1% para Presidente de la República,  y el 2 % para todos los demás puestos de elección popular, por lo menos, del padrón electoral.  

Los estados introdujeron en sus leyes electorales la figura de las candidaturas independientes, respetando el porcentaje del 2% para gobernador, diputados locales  y ayuntamientos ; y fue así como el  pasado siete de junio, el expriista y exalcalde de Villa García, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ganó la gubernatura de Nuevo León, lo que prendió los focos rojos del PRI y sus gobiernos en Chihuahua, Veracruz y Sinaloa, en donde habrá elecciones para gobernador en el 2016, y acaban de reformar sus leyes electorales, subiendo los requisitos para las candidaturas independientes, de 2 a 3% de los electores para  que respalden la candidatura, y de que los aspirantes no hayan pertenecido a algún partido cuando menos tres años antes de la elección en la que se postulen.

En Coahuila habrá elecciones para gobernador en 2017, y el gobierno ya está tratando de poner algunos candados a los candidatos independientes, siguiendo los malos ejemplos de Sinaloa, Chihuahua y Veracruz; ante lo que la ciudadanía debe de recordar que esa figura es una conquista suya que está plasmada en la Constitución y que debe de defender, para que no se dé un paso atrás en ella para el bien de la sociedad.


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