¿Qué es la Ley?

¿Por qué es tan polémica la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas?, porque los diputados locales de Coahuila, que aprobaron esa iniciativa de ley del gobernador del Estado, no tomaron en cuenta a los empresarios de la entidad, que conforme a esa ley deberán de seguir pagando los salarios y demás prestaciones laborales a sus trabajadores que sean desaparecidos forzadamente, y a quienes también les respetarán sus puestos de trabajo cuando aparezcan, con todos sus derechos ya adquiridos, como el de antigüedad, escalafón y otros más.¿Estaban obligados los legisladores a consultar previamente a los patrones, sobre la conveniencia de aprobar dicha ley?, en principio, sí; para oír sus puntos de vista; toda vez que los empleadores son quienes van a pagar los sueldos a sus empleados; pero por otro lado tenían el Jefe del Ejecutivo y  el Congreso local, la presión social  y política de organizaciones no gubernamentales ONG’s, como Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos en Coahuila FUUNDEC, el obispo de Saltillo Raúl Vera López, algunos organismos internacionales de la ONU, y otros, que claman por la aparición con vida de alrededor de mil 600 desaparecidos en la entidad.Entonces ¿qué es la ley?;  “La ley es la expresión de la voluntad general”; y a su vez ¿qué es ésta? En el caso concreto de la ley que nos ocupa, por un lado están los intereses económicos de los empresarios; y por el otro, se encuentran los intereses de las familias de los miles de desaparecidos, que en algunos de los casos eran el único sostén económico de su esposa e hijos o de sus padres u otros familiares; sin dejar de ver que entre los desaparecidos también se encuentran empresarios, que por su desaparición forzada también desapareció su empresa, que era la fuente de vida de él y de su familia,  y que  daba empleo a cientos o mil o más trabajadores;  y que dejaron fuertes compromisos económicos  sin cumplir con bancos, financieras, etc.Entonces si se ve a la sociedad y el Estado,  como un todo y sus componentes, tenemos que primero es lo general, luego lo público, después lo social, y  finalmente lo individual;  y que en el caso de la ley en comento, lo de los desaparecidos  es más general que lo de los empresarios.La Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, está allí, sin causarle daño alguno a nadie;   pues hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que obligue a algún patrón a pagar los sueldos y las prestaciones laborales de sus empleados desaparecidos forzadamente,  a sus familiares; por lo que aun todavía es improcedente el amparo en contra de ella; toda vez que es una ley que por sí sola no viola garantías individuales y sociales.Para que pueda interponerse un amparo en contra de dicha ley, es necesario que haya un acto de autoridad que la aplique en perjuicio de algún patrón; y sólo hasta que haya una sentencia ejecutoriada de un  Juez de Distrito, se sabrá si los artículos de la misma que obligan a los patrones a pagar salarios caídos de sus trabajadores desaparecidos, son inconstitucionales o no.El artículo 123 Constitucional, juntamente con tratados internacionales, que sientan las bases del derecho del trabajo, parten de garantizar los mínimos derechos a los trabajadores,  como son el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo de ocho horas, séptimo día de descanso, días de descanso obligatorio, vacaciones etc.; pero esos ordenamientos jurídicos “no se enojan” si los patrones voluntariamente o por contratos colectivos de trabajo con los sindicatos, les dan más de esos mínimos a sus trabajadores.Y lo que hace  la ley de desaparecidos, es precisamente darles más derechos a los trabajadores, de los mínimos;  por lo que ninguna ley laboral se enoja por esos beneficios a los empleados desaparecidos. Pero en la relación laboral, en la prestación de un servicio personal subordinado a otro, no nadamás cuenta el trabajador, sino también el patrón; pues no hay que perder de vista que el derecho del trabajo busca armonizar, conciliar, los factores de la producción: capital y trabajo.En todo caso con quienes deberían de estar enojados los patrones es con sus diputados, sus representantes en el Poder Legislativo; ya que para eso votaron por ellos.


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