“Investigar para detener, no detener para investigar”


Entre las figuras para combatir la impunidad y la delincuencia organizada, el Estado creó la figura del arraigo, que consistía en la autorización de un juez penal  a la solicitud del Ministerio Público,   para mantener privado de su libertad a una persona sospechosa de delincuente, por un mes ó más.


El derecho penal en materia de la libertad personal ha sido como un péndulo de reloj que se hace para un lado y para otro, según los movimientos sociales, filosóficos y políticos defensores de la sociedad por un lado y por el otro,  defensores  de los  derechos humanos.  
Cuando la sociedad ve que hay mucha delincuencia e  impunidad por parte de las autoridades,  entonces exige que se proceda contra los presuntos responsables penales de un delito, a como dé lugar; empezando por detenerlos sin haberlos investigado previamente; lo que da a lugar a abusos y a arbitrariedades.
Pero al ver que al amparo de esas nuevas políticas públicas las autoridades incomunican, torturan y maltratan de todas formas a  los detenidos,  sean inocentes ó no,  entonces los individuos  piden  al gobierno el respeto irrestricto a las personas, poniéndoles  un valladar a los agentes policíacos y al Ministerio Público, para que no los maltraten  en lo más mínimo.
Es entonces cuando surgen las organizaciones promotoras  y defensoras de los derechos humanos; siendo unas,  creaciones del gobierno y otras de la sociedad,  a las que se les denomina organizaciones no gubernamentales o por sus siglas ONG’S.
Las organizaciones gubernamentales defensoras de los derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH y las de los estados, como la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila CDHC, tienen la ventaja de contar con  el poder del Estado,  aunque des centralizadamente; lo que le da valor y fuerza a las recomendaciones que emite a los funcionarios abusones de los derechos humanos; pero están limitadas por los criterios de los gobernantes en turno.
En cambio, las comisiones de derechos humanos de la sociedad ONG’S, carecen de los recursos de las estatales; pero tienen la autoridad moral y la  más plena libertad de hacer pronunciamientos públicos y peticiones a los gobiernos para la defensa de los derechos humanos.
Las ONG’S,  han logrado avances  en la  Constitución y las leyes; como las garantías de presunción de inocencia, debido proceso, investigar para detener, no detener para investigar, y otras, que han sido consagradas inclusive en tratados internaciones.
Entre las figuras para combatir la impunidad y la delincuencia organizada, el Estado creó la figura del arraigo, que consistía en la autorización de un juez penal  a la solicitud del Ministerio Público,   para mantener privado de su libertad a una persona sospechosa de delincuente,   por un mes ó más, para investigar si era ó no presunto responsable de un delito; fuera de la cárcel,  pero en un  lugar controlado e incomunicado  por la policía, que usualmente era un hotelucho; a cuyo término el juez  debería de dejarlo en libertad, con un usted perdone, ó librar orden de aprehensión en contra del arraigado,  para que se le trasladara a los centros de reinserción social CERESOS, para enfrentar  un proceso penal.
Al amparo del arraigo  el gobierno cometió múltiples violaciones a los derechos humanos; pues  era una figura con la que la policía  primero  detenía y luego investigaba; con la que coaccionó moral y físicamente a los detenidos a confesarse culpables cuando en la mayoría de los casos eran inocentes; pues durante el arraigo se les incomunicaba, torturaba y se les maltrataba de todas formas.
Por eso debemos de reconocer el esfuerzo de las ONG’S, en el mundo, en México y en Coahuila, que lograron que la ONU y otros organismos internacionales recomendaran a las autoridades federales y estatales del país, que derogaran de sus códigos penales, la figura del arraigo.
En Coahuila,  desde el pasado 23 de diciembre, quedó derogado del Código Penal, el arraigo, y entrará en vigor el viernes 24 de enero de 2014,  por lo que a partir de esta  fecha todos los arraigados que haya en el estado, deberán quedar en inmediata libertad.
El que un arraigado sea liberado porque se derogó el arraigo, no significa que no pueda ser sujeto a una investigación penal;  pero la misma la enfrentará en plena  libertad; y si después de que se lleve a cabo una minuciosa y exhaustiva averiguación previa penal, y esta una vez debidamente integrada y agotada que sea, arroja elementos constitutivos de un delito y hay indicios de su presunta responsabilidad, entonces  podrá pedirse a un juez penal que libre la orden de aprehensión en su contra.
Por lo que para que la sociedad no quede a expensas de los delincuentes y éstos no gocen de impunidad, con la derogación del arraigo lo que debe de hacer la policía y el Ministerio Público, es tener técnicas modernas de investigación policíaca para que de ahora en adelante “investiguen para detener, y no detengan para investigar”; y así el péndulo entre la defensa de la sociedad y la de los derechos humanos, esté en el  justo medio.


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