La CNDH contra Moreira

El gobernador Rubén Moreira ordenó a sus empleados, los diputados locales, hacer la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Servicio Médico; las cuales contienen artículos que contradicen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La seguridad social es un derecho de los trabajadores que data sobre todo de la Revolución Industrial en Inglaterra y Alemania, en el siglo XIX, extendido por todo el mundo y que se basa en tener como centro de toda la producción, al ser humano, como autor principal de la misma, que al igual o peor que las máquinas, sufre un desgaste físico e intelectual que no puede ser reparado como los fierros.

Por eso se crearon los servicios médicos y asistenciales, las prestaciones sociales y económicas, de pensiones, maternidad y funerarias, para los trabajadores y sus familias, a cargo del Estado, por eso se acuñó la frase que la seguridad social comprende “desde la cuna hasta la tumba”; sufragados por el fondo formado por las cuotas obrero-patronales y las aportaciones del Estado, como autoridad; aclarando que cuando éste es patrón, entonces su contribución es doble: como empleador y como gobierno.

El Estado de Coahuila como gobierno había cubierto sus cuotas obrero patronales, de sus empleados; y como Estado había hecho sus aportaciones, como autoridad, en términos normales; pero con motivo de la megadeuda el Estado ha dejado de aportar lo que le corresponde; por lo que el gobierno de Moreira logró que se cambiara la Ley de Pensiones y la de Servicio Médico, en favor del gobierno y en perjuicio de los trabajadores de la educación.

Por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció la acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide los artículos violatorios de la seguridad social, del derecho pro persona y de derechos humanos de los trabajadores de la educación del estado de Coahuila.Por eso todos los coahuilenses, no solamente los trabajadores del Estado, debemos de hacer lo que podamos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare fundada la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 


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