Cambio de frecuencia

La "telebancada" debe excusarse

El martes pasado, Jesús Zambrano, presidente del PRD, envió sendos escritos a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores para que soliciten a 15 legisladores “excusarse” de participar en la discusión y eventual aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuyo debate en comisiones inició ayer.

Intereses en conflicto

La lista de Zambrano incluye a los senadores Javier Lozano Alarcón, Emilio Gamboa Patrón, Ninfa Salinas Sada, Arely Gómez González, Luis Armando Melgar Bravo y Juan Gerardo Flores Ramírez; y a los diputados Carlos Jorge Mendoza, Federico González Luna, Laura Ximena Martel, Antonio Cuéllar, Javier Orozco Gómez, Enrique Cárdenas, Homero Niño de Rivera, Patricio Flores y Rubén Acosta Montoya.

“Es del dominio público —dice Zambrano en la misiva dirigida al presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade— que (esos congresistas) tienen un interés directo en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que el Congreso está por expedir, por su participación probada en el sector en asuntos distintos a los legislativos (…); tienen un interés directo que se deriva de sus actividades profesionales, de negocios y/o familiares, ajenas a la función legislativa”.

Ley ignorada

Este grupo de legisladores, entre los que hay priistas, panistas y del PVEM, es conocido como telebancada y sus miembros tienen o han tenidos vínculos laborales, de asesoría profesional y hasta familiares con empresas de radiodifusión o telecomunicaciones, o con cámaras industriales pertenecientes a esos sectores, por lo cual estarían en el supuesto marcado por el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de  Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

“(Los servidores públicos deberán) excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor  público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Al desagüe

Es casi seguro que la petición de que la telebancada se excuse de participar en el debate y aprobación de las leyes secundarias sea mandada por un tubo al desagüe del Congreso y algunos de los legisladores que la integran, lejos de excusarse, aparecerán en comisiones y tribuna para defender el dictamen elaborado por el miembro más mediático del grupo, Javier Lozano Alarcón, quien, en los últimos meses, metió mano a la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores, el 24 de marzo de este año, con el fin de introducir modificaciones al gusto de los empresarios de la radiodifusión.

Hay varios ejemplos que pueden ilustrar la intervención de Lozano, pero tomemos uno muy sencillo: la inclusión en el dictamen de la demanda hecha por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (Stirt) en el sentido de que se prohíba a las radiodifusoras comunitarias, indígenas u operadas por entidades públicas que transmitan publicidad.

Dos demandas

El Stirt realizó una campaña de inserciones en medios impresos y de spots radiofónicos para oponerse a que los medios públicos, comunitarios e indígenas pudieran transmitir publicidad con el argumento de que eso “rompería con el equilibrio de la radiodifusión en México, afectando la estabilidad de empleo de 50 mil familias” (desplegado del 16 de junio de 2014).

En contraste, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas Culturales de México, que agrupa a las emisoras públicas de México, demandó que el gobierno destine 5 por ciento de su gasto publicitario para apoyar a esas emisoras y que se les permita contratar publicidad.

¿Por qué?

En los artículos 88 y 89 de la iniciativa enviada en marzo por Enrique Peña Nieto no se prohibía explícitamente la transmisión de publicidad por parte de las emisoras públicas, sociales, comunitarias e indígenas; sin embargo, en los dictámenes que Lozano elaboró en abril de este año y el que empezó a ser discutido ayer —fechado el 1 de julio— incorporó en los artículos mencionados una leyenda donde se indica que entre las fuentes de financiamiento que pueden tener esas emisoras no estará “comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad”.

Se puede tener una opinión a favor o en contra de que las emisoras públicas o sociales transmitan publicidad, pero la pregunta es porqué el senador Lozano le hizo caso a la demanda de la CIRT y del Stirt y no a la de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas Culturales. ¿Por qué sería?