Cambio de frecuencia

“Servicio público”, veneno para Televisa


El simple cambio de una figura legal permitió al Estado recuperar la rectoría sobre la televisión y reasumir las facultades de autorizar y fijar tarifas, intervenir en el uso de infraestructura e incidir en diversos aspectos relacionados con la distribución de contenidos: el cambio consistió en definir nuevamente a la radiodifusión (radio y tv abiertas) como un “servicio público”, carácter que tuvo de 1939 a 1960 y que perdió ese año cuando los concesionarios lograron que en la Ley Federal de Radio y Televisión esa figura ya no fuera aplicable y los medios electrónicos pasaran a ser considerados “actividad de interés público”.

Figura estorbosa

En la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1939, la radiodifusión —en ese momento limitada a la radio— estaba definida como un servicio público que debía ser prestado directamente por el Estado o concesionado a particulares. Al igual que el transporte ferroviario, el servicio telegráfico o el telefónico, el de radiodifusión debía prestarse sin discriminación.

Esa figura jurídica permitía al Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones, aprobar, previa solicitud de los concesionarios, el monto de las tarifas que éstos cobraban por los servicios de radiodifusión.

A los concesionarios de radio y, posteriormente, a los de televisión, la figura de “servicio público” les resultaba estorbosa porque, al menos en teoría, no podían determinar libremente sus tarifas y decidir a quién prestar o negar el servicio. 

“Interés público”

La figura jurídica desarrollada por los concesionarios para sustituir a la de “servicio público” fue “actividad de interés público”, la cual lograron introducir en la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada en 1960, con la ayuda del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter Cross Buchanan.

Junto con su hermano Juan, Walter Cross Buchanan fue uno de los pioneros de la ingeniería en telecomunicaciones en México y estuvo ligado a la industria de la radiodifusión. Buchanan firmó, a nombre del Ejecutivo, una iniciativa de ley donde estaban incluidas las demandas de los radiodifusores. En el Congreso, la iniciativa fue defendida por diputados y senadores que simpatizaban con la radiodifusión privada o que trabajaban dentro de ella, como el locutor Rubén Marín y Kall.

Oferta y demanda

En la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 —todavía vigente, pero a unas semanas o meses de ser sustituida por una “ley convergente” aplicable a la radiodifusión y a las telecomunicaciones—, la radio y la tv dejaron de ser consideradas “servicio público” y pasaron a ser, como lo indica el artículo 4, “una actividad de interés público (la cual) el Estado deberá proteger…”.  

En relación con las tarifas cobradas por el servicio de radiodifusión, los concesionarios lograron limitar la intervención del Estado a fijar el mínimo: con ello quedaba implícito que el máximo sería determinado por “la oferta y la demanda”. Así lo estableció el artículo 53 de la ley: “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijará el mínimo de las tarifas a que deberán sujetarse las difusoras comerciales en el cobro de los diversos servicios que les sean contratados para su transmisión al público” (subrayado mío).

Sin límite máximo —y sin competencia— las tarifas publicitarias de la televisión se fueron a las nubes, donde han estado medio siglo.

Nuevas facultades

La reforma en materia de telecomunicaciones devolvió a la radiodifusión el carácter de “servicio público”; el nuevo artículo sexto constitucional establece en el inciso B, fracción III, que “la radiodifusión es un servicio público de interés general…”.

Ahora el Estado, a través del Ifetel, reasume la facultad de intervenir en asuntos como la fijación de tarifas, uso de infraestructura y distribución de contenidos. Así lo muestran las restricciones que el Ifetel acaba de imponer a Televisa tras declararla “agente económico preponderante”, por ejemplo: compartición de su infraestructura de transmisión con otros concesionarios; autorización de tarifas por el uso de esa infraestructura; entrega al Ifetel de las condiciones y tarifas por los servicios de publicidad; obligación de no “condicionar o discriminar con respecto a los espacios publicitarios ofrecidos en sus diferentes plataformas tecnológicas”; prohibición de “adquirir en exclusiva derechos de transmisión” sobre contenidos que a juicio del Ifetel sean socialmente “relevantes”, en especial grandes eventos deportivos. 

No era locura

Durante las últimas tres décadas, desde la academia o desde organizaciones sociales, se formularon propuestas para que la radiodifusión volviera a ser considerada un “servicio público”. Los gobiernos del PRI y del PAN lo calificaron de locura. Ahora, dentro de un nuevo escenario en la relación gobierno-concesionarios, el régimen de Peña Nieto llegó a la conclusión de que no lo era.