Cambio de frecuencia

Peña Nieto: abusos caros

En solo dos semanas el gobierno de Enrique Peña Nieto incurrió en dos abusos de autoridad muy caros, no solo por lo negativo que podrían ser para la imagen del Presidente, sino por los enormes recursos, provenientes del erario, que la Oficina de la Presidencia de la República gasta para diseñar, organizar y realizar los actos donde aparece el Ejecutivo federal.

“Disculpa” gubernamental

El primer abuso, ya muy comentado, fue la utilización del Zócalo capitalino  como estacionamiento para las camionetas de políticos y empresarios invitados al Informe de gobierno de Peña Nieto en el Palacio Nacional. (http://www.milenio.com/politica/Reacciones_en_Twitter_de_Segundo_Informe-Storify-Pena_Segundo_Informe_0_365363583.html). 

Otros “actores políticos” han abusado de la Plaza de la Constitución —los profesores de la CNTE para sus plantones; el gobierno del DF y el federal para instalar ferias o exposiciones—, pero no se había dado el caso de que, además de impedir el paso de la ciudadanía por ese espacio público, la plancha del Zócalo se privatizara para el uso exclusivo de empresarios y “clase política”. 

Tanta fue la molestia ciudadana, expresada en redes sociales y en quejas dirigidas a los medios tradicionales, que el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, tuvo que ofrecer disculpas a nombre del gobierno federal.

Derechos infantiles

El segundo abuso ocurrió apenas el lunes pasado, en las horas previas a la ceremonia del Grito de Independencia, cuando elementos de la Policía Federal y de la recientemente creada Gendarmería Nacional cachearon a niños que acudían con sus padres al Zócalo (http://www.youtube.com/watch?v=5nOftg86Di4).

En este caso las opiniones en las redes sociales se dividieron: algunas personas, molestas, vieron en esa revisión a los infantes una violación a los derechos de los niños; otras justificaron el cacheo con el argumento de que toda acción es válida cuando se trata de garantizar la seguridad del Presidente o de la masa de ciudadanos reunida en el Zócalo, contra un posible acto terrorista.

Derecho constitucional

Lo cierto es que al cacheo a niños o adultos viola el artículo 16 de la Constitución mexicana: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Ninguna autoridad, se sepa, avisó por escrito que el 15 de septiembre quienes que acudieran a la ceremonia del Grito —incluso los niños— serían molestados en su persona y sus pertenencias (ropa y mochilas son posesiones personales o familiares); tampoco una autoridad fundamentó “la causa legal del procedimiento”.

Arcos detectores  

Cierto, se ha hecho una costumbre, desde los tiempos de Calderón o Fox, que se revise a quienes desean estar presentes en el Grito, pero el hecho de que esa práctica se haya vuelto habitual no le quita el carácter violatorio a los derechos individuales.

Parece haber llegado el momento de que el gobierno federal diseñe y aplique otras estrategias de seguridad menos rudimentarias que el cacheo, ahora extendido a los niños. ¿Por qué no instalan arcos con detectores de metales u objetos considerados peligrosos en Madero, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Corregidora, República de Argentina, República de Brasil, Moneda y en todas las calles que desembocan en la Plaza de la Constitución. Ni modo que no les alcance el dinero.

Gasto de seguridad

En 2014 el gasto asignado a la Presidencia de la República sumó 2 mil 200 millones de pesos. De esa cifra, 909 millones, casi la mitad del presupuesto, está destinada al “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal”: 507 millones son para el Estado Mayor Presidencial y 402 millones para la transportación del Presidente.

Un arco detector de metales cuesta, según los precios comerciales publicados en internet, poco más de 80 mil pesos. ¿No le alcanza a la Presidencia de México para comprar varios e instalarlos el 15 de septiembre en el Zócalo?

Para 2015 la Presidencia solicitó al Congreso de la Unión un presupuesto de 2 mil 296 millones de pesos. De ellos, mil 124 millones serán para apoyar “las actividades de seguridad y logística” relacionadas con “la integridad del Ejecutivo federal” (624 millones para el Estado Mayor y 500 millones para transportación). El gasto para seguridad del Presidente, como puede verse, aumentará en 200 millones de pesos.

Responsabilidad

Seguramente hay quienes no vean en el operativo del 15 de septiembre un acto para cuidar al Presidente, sino a la ciudadanía reunida en el Zócalo. El caso es que quien secuestra esa plaza durante 15 días cada septiembre, la blinda con la Policía Federal y desarrolla el operativo de seguridad es el Estado Mayor. Por lo tanto, la Presidencia es responsable de cualquier abuso que se cometa.