Cambio de frecuencia

Ley secundaria: el poder a Gobernación

´

El paquete enviado al Senado de la Republica por Enrique Peña Nieto el pasado lunes y que incluye la iniciativa de nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, además de reformas a otras leyes vinculadas con esas dos materias, contiene disposiciones que contravienen la Constitución. Por ello está dando mucho de qué hablar y dará más en las próximas semanas.

28 constitucional

Lo primero que “brinca” al leer el extenso documento de 250 páginas escritas a renglón cerrado es una disposición que no corresponde a lo establecido en el artículo 28 constitucional. El párrafo 15 de ese artículo define al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones” y al cual corresponde “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución” (subrayado mío).  Es decir, corresponde al Ifetel garantizar lo establecido en esos dos artículos, precisamente los que rigen a los medios en materia de contenidos.

Libertad de expresión

Recordemos algo de lo que dice el artículo 6º: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Y algo de lo que dice el 7º: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

Vetusta ley

En la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que Peña Nieto envió al Congreso tendrían, por lo tanto, que reconocerse las atribuciones que la Constitución confiere al Ifetel para garantizar el cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Sin embargo, no es así. En opinión del gobierno quien debe ocuparse de eso es la Secretaría de Gobernación (SG), como ha sucedido históricamente en México. Así lo establece el artículo 218 (fracción VIII) de la iniciativa enviada por el Ejecutivo:

“(Corresponde a la SG) vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público”.

Este párrafo fue transcrito de la vetusta Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, próxima a desaparecer, pero aún vigente.

Señuelo democrático

Por lo que se ve, el gobierno de Peña Nieto no se atrevió a perder la posibilidad de supervisar legalmente a la radio y la tv, así que decidió mantener esa facultad —que tradicionalmente ha ejercido a través de la Secretaría de Gobernación—, en lugar de transferirla a un organismo autónomo, ciudadano, como lo indica el artículo 28 de la Constitución, modificado en junio de 2013 a raíz de la reforma en materia de telecomunicaciones. Para el gobierno el Ifetel debe ocuparse solo de cuestiones técnicas y económicas.

¿Por qué la negativa gubernamental a cumplir con lo establecido en la reforma constitucional en telecomunicaciones firmada por Enrique Peña Nieto y los principales partidos políticos? Habría que preguntarse si, al firmar el documento, el gobierno tenía efectivamente la intención de renunciar a la facultad de supervisar los contenidos de radio y tv a través de gobernación o si ese ofrecimiento fue un “señuelo democrático” para hacer que el  PRD y el PAN estamparan su firma en el Pacto por México.

Controversia constitucional

Ya las dirigencias de esos partidos anunciaron que si se aprueba la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tal y como la envió el Ejecutivo entablarían una controversia constitucional. Habría que ver, si se llegara a tal extremo, la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto será importante seguir el debate parlamentario de los próximos días y continuar escudriñando en el texto de la iniciativa presidencial para ver qué otras sorpresas contiene.