Cambio de frecuencia

Dictamen de Lozano, nueva censura

Un interesante fenómeno de comunicación se suscitó en internet durante las dos semanas recientes a propósito de las disposiciones contenidas en la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones que Enrique Peña Nieto envió al Congreso.

Señales bloqueadas

A través de las redes sociales se manifestó un fuerte rechazo a lo establecido en el título octavo de la iniciativa peñista, titulado “De la colaboración con la Justicia” (artículos 189 al 197), en donde se incluyen cosas que cualquier gobierno autoritario firmaría: “(Los concesionarios en telecomunicaciones) estarán obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. El bloqueo de señales… se hará sobre todas las bandas de frecuencias… de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes” (artículo 197, fracción VII del proyecto de Peña Nieto).

Es decir, podría ocurrir que una manifestación política fuera realizada en un lugar considerado “crítico para la seguridad pública” y eso bastaría para que los usuarios de servicios de telecomunicaciones fueran “desconectados” por el tiempo que la autoridad decidiera.

“Geolocalización”     

En su iniciativa, el gobierno de Peña Nieto incluyó, copiado
de la todavía vigente Ley Federal de Telecomunicaciones, un artículo, el 40 Bis, que dice: “Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas a solicitud del procurador general de la República, de los procuradores de las entidades federativas o de los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes”.  Ese mismo texto, fue colocado como artículo 189 en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por Peña al Congreso.

Abuso de autoridad

Quizá ese texto no hubiera generado tanto revuelo en la red, pero el gobierno quiso ir más allá y añadió un párrafo que podría abrir la puerta a abusos de autoridad: “(Los concesionarios de telecomunicaciones) están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia, de conformidad con las leyes correspondientes”.

Es decir, bastaría con que un “servidor público” vinculado con labores de  seguridad exigiera a un concesionario de telecomunicaciones que le proporcione la localización geográfica de un dispositivo de comunicación que a juicio de esa persona sea “sospechoso” de delito para caer en el domicilio correspondiente e “investigar”.

Ante las protestas en internet por la inclusión de esas disposiciones en el proyecto de ley secundaria, el senador Javier Lozano, decidió introducir algunos cambios al documento del Ejecutivo con relación, precisamente, a esos dos temas. Lozano, legislador panista, acompaña al PRI y al PVEM en el esfuerzo por imponer la iniciativa de Peña,

Aquí y en China   

Javier Lozano quitó de la iniciativa presidencial el texto relacionado con el “bloqueo de señales” y matizó el relativo a la “localización geográfica”. En este último caso ya no deja esa facultad a servidores públicos vinculados con la seguridad, sino que la transfiere el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Los concesionarios de telecomunicaciones deberán —ya no se dice “estarán obligados”— a: “Colaborar con la (autoridad) en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil… El Instituto…  establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones… deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta ley… sea efectiva y oportuna” (artículo 190 del dictamen elaborado por Javier Lozano).

Esto dará de qué hablar en los próximos días, pero lo que seguramente habrá de generar nuevas protestas en internet es un párrafo que no estaba en la iniciativa de Peña Nieto y que Lozano tuvo a bien meter en el capítulo VI titulado “De la neutralidad de las redes” (artículo 145, fracción I del dictamen de Lozano): “Los concesionarios… que presten el servicio de acceso a internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o, cuando medie orden de autoridad competente”.

Que la autoridad pueda “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios” se llama censura en México, Irán, Cuba o China.