Cambio de frecuencia

Aristegui: golpe a la pluralidad

En México los despidos de periodistas que mantienen posturas críticas con respecto del gobierno o de grupos económicos poderosos han generado siempre dos tipos de explicación: 1) la de los afectados y sus radioescuchas, televidentes o lectores: “El despido fue por presión u orden del gobierno o de poderes fácticos”; 2) la de los patrones: “El despido obedeció a una reestructuración en los espacios informativos de la empresa”, “a una violación a las normas internas”, o bien “a un conflicto gremial o sindical”. El gobierno declina opinar: “Es asunto entre particulares”.

SCHERER Y HUERTA     

“Fue un golpe de Echeverría”, dijeron Julio Scherer y su equipo de periodistas cuando, en 1976, la asamblea general de la cooperativa entonces dueña de Excélsior acusó a Scherer de lucrar con recursos de la empresa y lo expulsó. “Fue decisión de los cooperativistas”, contestó Regino Díaz Redondo, nuevo director del periódico.

 “Fue la mano negra”, dijo Francisco Paco Huerta en 1982, luego de que su programa, Opinión Pública, transmitido por XEABC, fue cancelado cuatro días después de que una radioescucha “denunció” al aire que el gobernador de Querétaro, Rafael Camacho Guzmán, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (Stirt), había regalado un rancho llamado El Rosario al entonces candidato a la Presidencia, Miguel de la Madrid. “Fue decisión del secretario general del Stirt, Netzahualcóyotl de la Vega, quien retiró el aval dado al señor Huerta —quien no es miembro del sindicato—, para que condujera el programa”, explicó Martín Martínez, gerente de XEABC.   

DESPIDOS SUCESIVOS

Cuando en junio de 2007 una huelga estallada por el Stirt sacó del aire al noticiario Monitor, José Gutiérrez Vivó responsabilizó a Radio Centro y a Vicente Fox de la crisis económica en que entró su empresa, Infored, y que le impidió cumplir con el pago de salarios a los trabajadores. “Lo lograron”, alcanzó a decir antes de que el audio fuera cortado. “Los trabajadores tienen el derecho constitucional de ir a la huelga en defensa de sus garantías laborales”, declaró el Stirt. 

 “Represalia por su postura crítica”, argumentaron los seguidores de Carmen Aristegui en 2008 cuando la periodista salió de Televisa Radio. “La salida se debe a cambios editoriales en la empresa que Carmen no aceptó, por ello no se renovó el contrato”, dijo Javier Mérida, director de Televisa Radio.   

 “Fue el gobierno de Calderón”, afirmaron los partidarios de Aristegui en febrero de 2011 al ser despedida por primera vez de MVS. “Violó el código ético de la empresa”, sostuvieron los señores Vargas.

 “Fue Peña Nieto, por la Casa blanca”, dicen ahora los seguidores de la periodista. “Su equipo usó indebidamente una marca de la empresa y Carmen Aristegui puso un ‘ultimato’ que MVS no acepta”, reviró la contraparte.

UN POLÍTICO, UN EMPRESARIO

En apoyo a la postura que ve en todos estos casos la intervención del gobierno o la presión de grupos económicos poderosos está el hecho de que los periodistas abordaron —incluso días o semanas antes de su salida— asuntos que, efectivamente, poseían los ingredientes para molestar a políticos, empresarios o funcionarios gubernamentales. En su contra, que no hay datos inobjetables para demostrar esa intervención. Por ejemplo, si en los próximos meses el Estado otorga algún beneficio a MVS con relación a las concesiones que opera, la hipótesis de la intervención gubernamental en el reciente despido de Carmen Aristegui se fortalecería pero no quedaría comprobada, a menos que hubiera documentos fehacientes o “confesiones de parte”.  

Solo un gobernante aceptó haber realizado actos para perjudicar a medios de comunicación: José López Portillo, cuando ordenó, en 1982, quitarles la “publicidad oficial” a varias revistas que lo criticaban (“¿Te pago para que me pegues? ¡Pues no, señores!”). Y solo un empresario aceptó haber recibido presión de funcionarios gubernamentales para incidir en asuntos de su negocio: Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS, reconoció ante los medios, en agosto de 2012, que Alejandra Sota, entonces coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, le exigió en febrero de 2011 que no recontratara a Carmen Aristegui —despedida por Vargas ese mismo mes— so pena de perder sus concesiones en la banda 2.5 MHz.    

PLURALIDAD NECESARIA

El despido de Carmen Aristegui es un golpe a la pluralidad informativa en la radio mexicana. Hay un sector social que se identifica con los temas que ella aborda y con su forma de tratarlos. Y también un sector que sin estar de acuerdo con su estilo periodístico, considera necesaria la presencia de Aristegui en la radio, precisamente por su contribución a la pluralidad informativa. Por eso es un golpe, lo haya dado quien lo haya dado.