Entre Paréntesis

Jugar con fuego

Dice la ley que el presidente puede designar a un comandante de las fuerzas armadas para cualquier parte del territorio, y poner bajo su mando a las autoridades civiles, por tiempo indefinido (no las sustituirá, pero podrá exigirles “las acciones que se requieran” —incluso la asignación del presupuesto). Eso, cuando a juicio del presidente exista una amenaza para la seguridad interior.

Pero es mucho más importante lo que puede hacerse sin necesidad de la Declaratoria de Amenaza. Las fuerzas armadas tienen que ocuparse de manera permanente de cualquier riesgo para la seguridad, o sea, de toda “situación que potencialmente pueda convertirse en una amenaza”. El pleonasmo está para subrayar el carácter hipotético, dudoso, impreciso y puramente futurible de los hechos que justifican la intervención del Ejército: toda situación que potencialmente pueda convertirse.

Dice la ley que “corresponde.. a las fuerzas armadas… identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la Seguridad Interior”. No está claro qué pueda hacer el Ejército para prevenir una amenaza. Pero la ley se adelanta a eso, lo que sea, y autoriza la actuación preventiva de las fuerzas armadas —sin necesidad de aprobación ni supervisión de nadie. También contempla, por supuesto, “tareas de inteligencia” mediante “cualquier método lícito de recolección de información”. Eso sí, toda la información que obtenga el Ejército “será considerada de Seguridad Nacional”.

Si lo ponemos en limpio, la ley dice que de aquí en adelante las fuerzas armadas van a ocuparse de la seguridad por su cuenta y riesgo, y que están autorizadas para hacer lo que juzguen necesario —con una definición de seguridad que lo admite todo. Sobre todo, están facultadas para intervenir al margen de las autoridades civiles, sin informar a nadie. El diseño de la Declaratoria de Amenaza a la Seguridad significa un desequilibrio peligroso en el orden institucional. Pero lo más grave es que la ley ha cambiado la naturaleza de las fuerzas armadas, las ha puesto a operar de manera permanente como policías: sin plazos, sin supervisión, con jerarquía y disciplina militar. Significa que a partir de ahora la política de seguridad estará condicionada por el Ejército. Es jugar con fuego.