Nosotros


El modelo de vida individualista y egocéntrica que nos rige es poco propicio para la generación de acuerdos que nos beneficien a todos. Hacer perdurar un acuerdo colectivo implica anteponer el “nosotros” al egoísmo propio del “yo”, de lo contrario se corre el riesgo de aniquilar el acuerdo social que nos une.

Hoy, se reúne la comisión de tarifas, y vaya que revisar una tarifa para el transporte público puede ser un asunto complejo.

Por un lado el político en el poder buscará retener al mínimo la tarifa para evitar el golpeteo mediático que un aumento invariablemente ocasiona, por el otro, el político en oposición celebrará la posibilidad de ganar protagonismo defendiendo la causa simple y popular de una tarifa más baja. Pero los políticos jugarían sus cartas exactamente igual que el otro en la posición inversa, así que ellos pueden ser previsibles.

Para los transportistas también es relativamente sencillo, una tarifa más alta con menores compromisos de mejora de las unidades, o compromisos que a la larga se puedan omitir como ha sucedido tantas veces, significa simplemente elevar la rentabilidad.

La posición del usuario tampoco resulta difícil de entender. Una tarifa más baja resulta en un mejor rendimiento del cada vez más escaso dinero en el bolsillo y en casos extremos un alza puede significar una tragedia económica para el sector social más desprotegido.

Considerar la tarifa desde un criterio diferente, que ponga en el centro el interés de todos, incluidos aquellos que no son usuarios del transporte público, y que se plantee como objetivo transitar hacia una movilidad sustentable, pudiera en el mediano plazo generar mayores beneficios individuales que desde una óptica egocéntrica somos incapaces de ver.

No incrementar la tarifa ahuyentará las inversiones en la materia en un momento en el que la ciudad necesita mejorar significativamente el transporte público.

Una tarifa de 7 o 7.50 apenas absorberá el impacto de la inflación y dejará las cosas en el mismo lugar en el que estamos, complicando las mejoras necesarias como hasta ahora, y descansando gran parte de la responsabilidad de mejorar en el presupuesto público.

Una tarifa más alta, de 8 u 8.50 daría pie a obligar a los transportistas con mano dura a reinvertir nuestro dinero en mejoras sustanciales que propicien el incremento de viajes en transporte colectivo y reduzcan el tráfico y la congestión vehicular.  Sin embargo, un incremento así, descobijaría significativamente al sector social más desfavorecido e implicaría la estructuración de subsidios transparentes que protejan al usuario de menores ingresos.

Hay que decirlo, en la negociación de la tarifa, también está en juego la calidad del transporte que queremos para el futuro, la cantidad de autos que a diario invaden nuestras calles y el aire que, todos, respiramos.

Y un mejor transporte sería un atractor de más usuarios y por lo tanto más rentable. Y el político que logre estructurarlo obtendría la popularidad invencible que busca. Y el usuario sería, a mediano plazo, el más beneficiado. Y nosotros podríamos seguir construyendo el “nosotros”.

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