Las haciendas estatales en su mayoría están quebradas. Es un problema que viene de hace tiempo pero que se ha agravado en los años recientes. Mala administración y corrupción van de la mano. No son comprensibles los extremos de irresponsabilidad acumulada. No hay medidas correctivas de fondo. La alternancia en el poder tampoco ha resuelto el problema, pero se acentúa cuando el poder transita de gobernador a secretario de Finanzas. Así ocurrió en Veracruz, Quintana Roo con los gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge y ahora en Zacatecas con Alejandro Tello.
En Zacatecas buena parte del quebranto viene del gobierno de Amalia García. Irresponsables concesiones al sector magisterial y a la universidad, además de la construcción de la ostentosa Ciudad Administrativa en condiciones muy onerosas para las finanzas estatales. No hubo sanción, el gobierno de Miguel Alonso, quizás por razones de conciliación, no corrigió y su secretario de Finanzas, el actual gobernador, renegoció la deuda, un paliativo. Lo incomprensible de todo esto es que el actual gobernador se ha distanciado de quien lo promovió y ahora se pone en manos del mismo secretario de Finanzas de Amalia García.
La solución del quebranto es de aritmética, pero se requiere de responsabilidad. Disminuir el gasto es obligado y lograr una renegociación de la deuda en la que todos aporten: Federación, gobierno local, los gremios excesivamente beneficiados y los sectores productivos. Zacatecas es un estado pobre, pero con enorme potencial. El vecino Aguascalientes muestra cómo un correcto ejercicio del gobierno puede llevarle a niveles de bienestar y crecimiento, con el adicional de que Zacatecas tiene una riqueza minera que aporta progreso en zonas muy pobres y que suma a un fondo minero para el bienestar de las regiones productoras.
En Zacatecas se hizo lo contrario. Unilateralmente se impuso un gravamen a los sectores productivos bajo el pretexto de impuesto ecológico, además de un cobro a los propietarios de automotores; se pretende que los ingresos adicionales sean del orden de mil 600 millones de pesos anuales. Además de inconstitucional, el impuesto es desproporcionado y atenta contra la economía local y el empleo. Empresarios han anunciado que se ampararán y que habrán de cerrar operaciones; los trabajadores, especialmente los mineros, que serían los más afectados por el cierre de minas, han recurrido a la movilización. Las empresas canadienses señalan que el impuesto es expropiatorio, por lo que planean recurrir a una instancia internacional para defender sus derechos. La cervecería Modelo ha expuesto que cumple con rigor la normatividad federal ambiental. Por su parte el sindicato minero exige la aplicación de los 800 millones de pesos del fondo minero y que a diferencia de otros estados, en Zacatecas no se ha asignado.
En un momento del país que obliga al cuidado de la economía y a la protección del empleo, más en un estado que es exportador de migrantes, el gobierno de Zacatecas se mueve en sentido contrario. El presidente Peña Nieto y la Conago acuerdan medidas para enfrentar la amenaza que representa el presidente Trump, en Zacatecas el gobernador Tello amenaza con detenciones a los inconformes, acusa a las empresas mineras de azuzar al sindicato, abre el expediente del odio social con la tesis de estado pobre-empresas ricas, hace correr la especie de que movilizará a los maestros y priistas contra los mineros y declara a los medios, con falsedad, de que los empresarios lo quieren comprar para que “le baje”, sin darse cuenta de que los aludidos por razones de negocio y normatividad internacional están impedidos para propuestas de tal naturaleza.
La situación es grave y la Federación se ha mantenido a la expectativa, aunque el gobernador Tello dice que tiene el apoyo incondicional de las autoridades hacendarias federales, que, según él, simpatizan con la idea de que bajo cualquier medio los gobiernos locales fortalezcan sus ingresos. El gobernador carece del oficio y la sensibilidad políticas elementales y está llevando al estado al enfrentamiento y, de proseguir por esa línea, en Zacatecas puede presentarse el primer estallido social en el momento más inconveniente para el país.
Se ha dejado pasar el tiempo. La crisis en las finanzas locales requiere de urgente atención, bajo una perspectiva de Estado. Los gobiernos y los municipios requieren contar con los recursos suficientes para enfrentar sus responsabilidades. Muchos de los problemas como inseguridad y deficientes servicios se deben a estas carencias. Sin embargo, la corrupción y la mala administración han distorsionado el gasto público y generado una deuda desproporcionada que les lleva a soluciones desesperadas, ilegales y contraproducentes como es el caso de Zacatecas. Las instancias judiciales federales podrán resolver el tema de constitucionalidad, pero no el problema de fondo.
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