Juego de espejos

El poder destructivo del ‘narco’

Jalisco, Guerrero y Michoacán han visto la alternancia; ninguno de los partidos que han gobernado es ajeno de culpa, el PRD en Michoacán y Guerrero, el PAN en Jalisco y el PRI en las tres entidades.

En sus problemas por la inseguridad, Jalisco se une a Guerrero y Michoacán. Son estados con elecciones locales donde lo que importa no es quien gane, sino que los comicios tengan lugar en condiciones de normalidad y, de ser posible, que las elecciones sean concurridas para que quien gane tenga la fuerza de la legitimidad del voto. La situación allí se vuelve crítica en extremo, de manera tal que los partidos y sus candidatos deben tener presente la gravedad de la situación.

Los tres estados han visto la alternancia; ninguno de los partidos que han gobernado es ajeno de culpa, el PRD en Michoacán y Guerrero, el PAN en Jalisco y el PRI en las tres entidades. Muy preocupante el deterioro del gobierno de Jalisco de Aristóteles Sandoval, los hechos lo rebasan y su autoridad se ve comprometida por la escandalosa frivolidad que caracteriza a su estilo de gobernar. Que el PRI pierda las elecciones es lo de menos, pero que ocurra por la ausencia de autoridad debe ser preocupación mayor.

En cierto sentido es injusto trasladar a los gobiernos locales la responsabilidad del avance del narco en sus territorios. Victimas o victimarios, las autoridades locales se ven gravemente afectadas por el crecimiento del crimen. De hecho el problema de origen excede también a las autoridades federales, hay narcotráfico porque hay un poderoso mercado global de consumidores. Aún así, se tienen responsabilidades institucionales que deben asumirse y problemas por resolver.

En Jalisco no se puede decir que las policías locales son cómplices; de hecho, el mismo grupo criminal que violentó a parte de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima fue el que se resistió a un operativo de las autoridades locales en Mosqueta, solo hace unos días, con saldo muy lamentable para las policías estatales. Los hechos no apuntan a connivencia, sino a impotencia; esto es, incapacidad institucional para enfrentar el problema.

El cártel Nueva Generación es ahora la organización criminal más violenta. Contra ésta debe dirigirse toda la fuerza del Estado. Las autoridades federales han mostrado capacidad y resultados. Los retos de ahora se ubican en Jalisco y en Tamaulipas. Las autoridades locales tienen una responsabilidad que cumplir en este esfuerzo. La coordinación es imprescindible, también las labores de inteligencia no solo para detener a los jefes, sino para desmantelar a la estructura de mando y a la financiera, como se ha hecho con acierto en otros lugares y que ha significado una derrota total al grupo criminal en cuestión.

El crimen organizado inicia por debilitar a las autoridades municipales, pasa por apoderarse de éstas y, después, a condicionar al poder estatal. Esto es lo que revelan los hechos de Guerrero y Michoacán. En Jalisco el proceso ha sido distinto y el crimen ha podido avanzar de manera consistente y rápida. La zona metropolitana de Guadalajara le sirve de santuario y sus operaciones tienen una región precisa e identificada. La violencia mostrada indica que está dispuesto a recurrir a todos los medios para defender territorios, negocio y resistir el ataque de las autoridades.

Las elecciones no pueden ser rehenes de la desconfianza y deterioro que acompaña al empoderamiento del crimen organizado. Es imprescindible que los comicios transcurran en normalidad, no es cuestión de partido o de gobierno, sino tema de Estado y, por lo mismo, a todos convoca. El INE debe contar con todo el respaldo institucional para la organización de los comicios y para garantizar la seguridad de sus sedes e instalaciones, bajo el asedio no tanto del crimen, sino de los grupos radicales en Guerrero.

En Guerrero, el movimiento de los padres de las víctimas de Ayotzinapa y el de la Ceteg se vuelven en el involuntario brazo político del crimen organizado en su propósito desestabilizador. Bajo cualquier consideración su exigencia de suspender las elecciones en nada contribuye a su propia causa y sí a la del enemigo común de toda la sociedad. Interrumpir el curso electoral sería una derrota de la democracia no del régimen que pretenden destruir, pero esto es mucho pedir para un movimiento que ha hecho del chantaje medio regular de lucha.

Los gobiernos, los poderes públicos y los partidos tienen tarea por hacer. Es importante la unidad de todos para que las elecciones tengan lugar en condiciones regulares, incluso es valioso que Morena, con una recurrente postura de intransigente oposición al régimen, participe de este deseo de que las elecciones puedan realizarse en Guerrero. Elecciones justas y concurridas es la fórmula más razonable y poderosa de sustento legítimo de autoridades, justamente lo que los criminales no quieren en su lucha contra el poder institucional.

Frente al poder destructivo del narco debe estar el poder del voto y su efecto: autoridades legítimas en su compromiso elemental de cumplir y hacer cumplir la ley.

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