Juego de espejos

La persistente polémica del basurero de Cocula

ES DE ELEMENTAL sentido común que si hay dos posturas encontradas, debe optarse por una tercera. Los expertos pueden excluirse de la tercería, pero no pueden declararla innecesaria. El trabajo de los gobiernos es revisable, pero también el de ellos

De ser cierta la versión de que el grupo de expertos de la CIDH que asiste al gobierno federal en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se ha pronunciado por que es innecesario un tercer peritaje en el basurero de Cocula, se estaría ante una instancia que ha renunciado a su misión fundamental que es conocer la verdad. Su postura se volvería terquedad y su trabajo dogma, indiscutible. Todo estudio es revisable, mucho más el de carácter técnico. Es de elemental sentido común que si hay dos posturas encontradas, debe optarse por una tercera. Los expertos pueden excluirse de la tercería, pero no pueden declararla innecesaria. El trabajo de los gobiernos es revisable, pero también el de los expertos.

La paciencia y la apertura hacia los expertos se les ha vuelto a éstos en contra y conspira contra el objetivo compartido: la búsqueda de la verdad. Las conclusiones del experto José Luis Torero sobre la imposibilidad de que en el basurero hubieran sido incinerados los restos humanos de los estudiantes dieron en la parte más sensible de la versión oficial, no la más relevante que se refiere a los responsables materiales e intelectuales de la atrocidad. Es la parte más sensible porque abre la esperanza de los padres de los estudiantes y de muchos más de que los jóvenes pudieran estar con vida. Esto a su vez ha sido utilizado para dar curso a versiones disparatadas propaladas por grupos antisistémicos de que los jóvenes fueron trasladados a instalaciones militares.

La opinión pública ha sido puesta a prueba por los hechos de Iguala. En el balance de la cobertura mediática un amplio sector ha concedido más que generosidad a los expertos de la CIDH, a la vez de que ha habido un regateo persistente a la investigación de las autoridades, particularmente de la PGR durante la gestión del procurador Murillo Karam. La combinación de prejuicio, descuido y mala fe ha puesto al gobierno federal en el banquillo de los acusados. La credibilidad de los expertos extranjeros ha sido indebidamente utilizada y ellos lo han propiciado al comportarse como representantes de una de las partes, los padres, quienes a su vez han sido cooptados por instancias más interesadas en utilizar el caso para sus fines políticos que para dar con la verdad.

Esto no significa que la contribución de los expertos sea negativa en su conjunto. Al contrario, en mucho valida y corrobora lo que más importa desde el punto de vista legal: la identidad de los responsables de los hechos delictivos. El diferendo sobre el basurero de Cocula no altera lo fundamental de la investigación; además las conclusiones del grupo aportan pistas importantes para ampliar las líneas de investigación. Como tal ha sido útil la comparecencia del director de la normal de Ayotzinapa, aunque es incomprensible que haya ocurrido después de un año del crimen. También es atendible revisar con detalle las llamadas y los mensajes de los móviles de los normalistas y de los detenidos, como lo ha sugerido el GIEI; sería nuevamente incomprensible que esto no lo hayan hecho las autoridades en su momento. También es posible, como ocurrió con la versión del quinto autobús, que esto ya estuviera en la indagatoria oficial.

La Segob y la PGR tienen como enlace con los expertos extranjeros a dos funcionarios de inobjetable integridad personal y profesional. El subsecretario Campa y el subprocurador Eber Omar Betanzos, quien ahora es responsable de la investigación. Los expertos deben ser escuchados y atendidos, no por su investidura, sino por su conocimiento y experiencia, que bien puede ser útil para entender y comprender los eventos. De lo señalado por ellos, lo que más debe preocupar es que los detenidos pudieran haber sido torturados, esto comprometería la solidez de los testimonios y su misma culpabilidad.

Con o sin expertos de la CIDH, las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de llevar a cabo la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables en todo el espectro: materiales e intelectuales, así como aquellos que por omisión o negligencia propiciaron la atrocidad. La politización del caso ha ido cediendo en la medida en que la peor de las conclusiones se ve acreditada por el paso del tiempo: los muchachos fueron ejecutados por el grupo criminal Guerreros Unidos y sus restos desaparecidos.

Las tragedias son aleccionadoras. El crimen de Iguala es una herida profunda a la sociedad mexicana, pero que mucho aporta. Las conclusiones son múltiples, muchas de ellas poco alentadoras, como es la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad y el empoderamiento del crimen en ciertas zonas del país. El debate se ha extendido a la capacidad de las autoridades para investigar y llevar ante la justicia a los responsables. Finalmente, lo que importa es la verdad por difícil y controvertida que resulte.


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