Juego de espejos

Dos obligadas correcciones

NO ES ASUNTO menor las palabras del secretario de la Defensa, quien calificó la tortura cometida por dos militares y un policía federal como repugnante y aislada, pero que afecta la imagen del Ejército

En el manual de lo políticamente correcto la disculpa o la modificación de postura se eluden, más cuando viene de la más elevada autoridad. El supuesto consejo es evitar el costo derivado del error; así se asume que la reconsideración o la disculpa, en el mejor de los casos, deben encubrirse. Nada sucede con corregir o enmendar. La tarea es atender las causas de los problemas y no el intento de eludir la realidad.

No es asunto menor las palabras del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien calificó la tortura cometida por dos militares y un policía federal como repugnante y aislada, pero que afecta la imagen del Ejército. "En nombre de todos los que integramos esta institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento... son estos sucesos repugnantes que, aunque aislados, dañan de manera importante nuestra imagen y el prestigio que dignamente hemos ganado en más de cien años de lealtad".

Las palabras del general secretario de condena por el abuso y la conducta ilegal de los soldados implicados no admiten regateo: "Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas. Cumplir con nuestras obligaciones es un mandato que por ningún motivo justifica actos ilegales de deshonor o indisciplina".

Desde hace tiempo, especialmente desde 2007, las fuerzas armadas han sido expuestas a desgaste por su apoyo a la lucha contra el crimen organizado a consecuencia de la frágil integridad de las policías. Las fuerzas armadas no están para actuar en tareas de seguridad pública, las que política y constitucionalmente corresponden a los mandos civiles, pero la gravedad de la amenaza y la frágil respuesta institucional ha obligado recurrir a ellas. Los gobiernos y el Congreso de la Unión no han concretado el nuevo modelo policial. Hechos recientes en Veracruz y Guerrero muestran la connivencia entre policías y criminales; afortunadamente, Morelos y Michoacán indican un avance para revertir esta perniciosa asociación.

El general secretario reconoce la falta, pero queda claro que estos hechos no son la regla, que lo normal son soldados cumpliendo con lealtad y eficacia su responsabilidad para con el país. Aún así, es tan conveniente como urgente regresar a las policías las tareas de seguridad pública.

La amenaza que representa el crimen organizado no se resuelve con buenos policías, aunque esto sea una parte imprescindible de la solución, toda vez que se requieren para abatir la causa originaria de la ola delictiva y de violencia: la impunidad. No hay justicia penal posible sin prevención, investigación y persecución al delincuente. La gravedad de la realidad y la magnitud del problema, así como su impacto en la vida de las personas y las familias, no admite regateo.

Uno de los elementos originarios del crimen organizado es la política prohibicionista en materia de drogas. México le hace el trabajo sucio a los países consumidores de drogas y asume las consecuencias con sangre y fuego de una política absurda e inútil en cuanto a sus resultados. Desde hace tiempo los países consumidores se mueven legal o ilegalmente hacia a la tolerancia o permisividad, mientras que los países productores o de tránsito permanecen expuestos a un comercio al que se acompaña una enorme capacidad económica para corromper y de intimidación y violencia que daña a instituciones, gobiernos y procesos judiciales. A casi una década de distancia, el costo humano, social e institucional ha sido enorme para países como México. Efectivamente, la realidad no admite regateo, aunque también se debe reconocer que el crimen ha evolucionado y que es iluso creer que la legalización de drogas resolverá por sí misma el problema de la violencia y el crimen.

Es mucho lo que tiene que decir México a la comunidad internacional. Aquí se ha pagado alto precio por una estrategia que pocos resultados ha dado. El tema es global y debe presentarse en un esquema de corresponsabilidad. Debe revisarse la política prohibicionista.

Por tal consideración es necesario que el país alce su voz ante la Asamblea General de la ONU, convocada por México, Colombia y Guatemala. La asistencia del Presidente de México es moral y políticamente obligada. Un acierto es la decisión de estar presente este martes para expresar la postura del país. En el debate nacional en curso la postura del gobierno ha transitado de muy conservadora a cierta apertura. No es la idea propia ni la de un supuesto consenso lo que se deba expresar, sino las razones de mayor peso, las que llevan a la debacle del marco prohibicionista, anticipando que es la salud pública lo que se debe salvaguardar. Lo que se está haciendo hoy no la atiende, además de provocar la ola criminal y más violenta conocida.


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