Juego de espejos

El 'narco' y elecciones

EL INE, COMO lo reconoce su consejero presidente, no está facultado para realizar actividades de inteligencia o seguridad para prevenir o contener el problema, en todo caso su instrumento es la fiscalización sobre el origen de los recursos de campaña

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que el crimen organizado puede interferir en las elecciones promoviendo candidatos o financiando elecciones. La realidad es que ya lo ha hecho y su referencia ha sido el ámbito local y, particularmente, el municipal. Michoacán previo a 2015 lo muestra, también Iguala de los Abarca y su aterradora historia. Ahora ha llamado a la sospecha que presidentes municipales en Morelos se hayan vuelto abanderados de la oposición del crimen organizado en el rechazo al mando único. El narco está presente y su objetivo es el control de la policía más vulnerable y de contacto con la población.

El INE, como lo reconoce su consejero presidente, no está facultado para realizar actividades de inteligencia o seguridad para prevenir o contener el problema, en todo caso su instrumento es la fiscalización sobre el origen de los recursos de campaña. El dinero fluye en tiempos de campañas por eso fiscalizar el gasto se vuelve crucial, aunque complicado y difícil. ¿En qué gastan los candidatos si mucho del gasto es fiscalizable o corre a cuenta de los mismos partidos o del Estado como es la publicidad en radio y tv?

Toda democracia tiene una relación difícil entre el dinero y la política, en especial con los partidos y las elecciones. El financiamiento ilegal de campañas por contratistas de obra pública es tema de escándalo en todo el mundo; allí está el caso de España con el PP o más recientemente con el partido independentista Convergencia Democrática de Cataluña.

Ya es costumbre trasladar al gobierno la responsabilidad de lo que ocurre, como si estuviera en sus manos la solución. Es extraño que con facilidad se recurra como remedio a los servicios de inteligencia cuando tradicionalmente es una de las áreas y actividades más comprometedoras del Estado democrático y en ocasiones del estado de derecho. Hay razón para que el Estado mexicano estudie y observe al enemigo más pernicioso del país, el narco; sin embargo, no siempre la información clasificada puede fundar una acción legal que dé origen a un proceso judicial. Con frecuencia se trata de indicios o de elementos de convicción que no pueden sustanciarse en un proceso formal. Si los testigos protegidos son todo un caso de discutible probanza, mucho más lo son los testigos de oídas. Esto da para la maledicencia o quizás para una forma de periodismo frívolo, pero no para construir un caso judicial.

Determinar el vínculo de un ciudadano con un grupo criminal no es simple. Al menos para el INE o para cualquier autoridad, la sospecha no puede ser restrictiva del derecho a ser votado. Se entiende que los partidos pueden asumir con mayor claridad tal determinación y a partir de los elementos a su alcance pueden excluir o retirar registro a candidatos. Aunque no resuelve el tema del derecho a ser votado, sí es una vía de solución, especialmente por la discrecionalidad de los partidos que existe en la práctica para seleccionar candidatos. El problema de ahora es que los partidos han perdido el monopolio para las candidaturas; los candidatos independientes se han vuelto no la puerta grande para que ciudadanos puedan acceder al cargo público, sino el plan B de casi todo candidato de partido. Un candidato de partido fuerte y bien financiado es un candidato independiente en potencia.

En esto llama la atención la omisión del consejero presidente Córdova Vianello sobre la legislación vigente en materia de control de las finanzas de los candidatos independientes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que emitir una resolución para resolver el tema del tope de campaña aplicable a los independientes, y sirvió pero no fue voluntad del legislador como debe ser, sino del juez tapando los agujeros en la ley. Si se quiere reducir el riesgo de la infiltración del crimen organizado en la construcción de candidatos o financiamiento de campañas, una de las tareas más urgentes es que en la ley exista piso parejo en materia de fiscalización para candidatos postulados por partidos y los independientes.

Los candidatos independientes deben serlo de los partidos, pero no de la ley, tampoco de los instrumentos de control como es la fiscalización. Por más seductora que esta figura les haya parecido a muchos o incluso a quienes la consideran solución a la deplorable situación del actual sistema de partidos, si no hay control los independientes pueden ser la puerta del narco.

Finalmente, el problema de fondo en materia de aplicación de la ley es el amplio espectro de impunidad. La solución de fondo no está en lo que los partidos o el INE hagan, ni otros a nombre de éstos, sino los resultados de las instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado.


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