Juego de espejos

Los dineros de los partidos

Los sismos y su secuela reacomodaron la indignación: los partidos políticos están en el centro, el tema es el financiamiento y la exigencia de no pocos de que sus dineros sean destinados a la reconstrucción. En la respuesta ha habido de todo, y hasta el INE y sus directivos se acomodaron para no perder cara frente a la demanda de que los recursos públicos destinados a los partidos se transfieran para aliviar la situación.

Al día de hoy han sido el PRI y su dirigente los que han respondido con mayor claridad. Esto es, definir cuánto, cómo y a qué. La respuesta inicial de López Obrador fue mala y tardía, entregar 10 por ciento de los recursos para campañas; esto es una cantidad muy menor y disponible para el cuarto mes de 2018. La respuesta de la diputada Nahle fue peor al decir que se crearía un fideicomiso porque no eran confiables las autoridades hacendarias, de ser así esto sería ni más ni menos que un delito, ya que no se puede disponer de esos recursos de manera discrecional y para un destino diferente al determinado por la ley. Como tal, guste o no, la respuesta del PRI es la correcta, no recibir los recursos desde ahora y concertar con las autoridades hacendarias un destino determinado en el marco de las labores institucionales de atención a la emergencia y la reconstrucción.

El Frente Ciudadano de PAN, MC y PRD, ante la sensibilidad pública sobre el tema, se ha ido al extremo de decir que la totalidad de los recursos de los partidos deben remitirse a la atención de la población afectada por los sismos. Retrata bien por lo que representa y suma la tríada Barrales, Anaya y Dante Delgado. Su postura sobre el dinero de los partidos anuncia de que van por todo.

El tema de los dineros da para mucho. El problema de fondo no es lo que cuestan los partidos, sino que éstos han dejado de ser funcionales para cumplir sus dos tareas esenciales: representar y dar acceso a la ciudadanía al cargo público. El financiamiento excesivo es un asunto secundario. Los partidos desde hace mucho tiempo se representan a sí mismos, incluido Morena. Todos, absolutamente todos se han alejado de la sociedad, ni la representan ni abren sus puertas a los ciudadanos. El autoritarismo es ahora la constante y la designación de las candidaturas a todos debiera avergonzar; lo ocurrido con Morena en Ciudad de México es un ejemplo de la negación de los partidos a la democracia interna.

Dos temas debieran estar en el centro de la mesa: el gasto electoral para 2018 será de 25 mil millones de pesos, de los que solo 27 por ciento será para los partidos. Esto sin contar lo que cuesta el Tribunal Electoral y los órganos electorales locales. Si de racionalizar se tratara, el tema no es solo lo que gastan los partidos, sino lo que la sociedad tiene que financiar para mantener una burocracia electoral permanente para elecciones que tienen lugar una vez al año. No hay país, rico o pobre, democrático o autoritario que gaste tanto dinero en la política y en las elecciones.

El otro tema es el gasto de campañas y la proliferación del dinero no fiscalizable. Los partidos pueden prescindir de recursos oficiales porque saben que al momento de la campaña el financiamiento lo obtienen de otras fuentes; los topes de campaña son ridículamente bajos y lo que se reporta al INE es solo una parte de lo que se gasta.

El origen del financiamiento público a los partidos en 1996 fue un infructuoso intento para resolver el financiamiento ilegal e inequitativo de los partidos. Claramente se refería al PRI y a la desviación de recursos públicos, que en no pocos casos tenía que ver no con un delito electoral, sino con usar el gasto de campaña como pretexto de enriquecimiento personal de quienes participaban en el circuito del dinero, como quedó plenamente comprobado con el Pemexgate.

Lo que ahora está presente es el dinero del crimen organizado en dos versiones. Empresarios que financian campañas con vista a la obra pública y los privilegios económicos a obtener del futuro gobernante y delincuentes quienes pretenden no solo ganar impunidad, sino apoderarse del poder público para poner el gobierno a su servicio para sus actividades criminales, como sucedió con los Abarca en Iguala o en Michoacán antes y después de la elección de Fausto Vallejo.

Los dineros de los partidos no resuelven el problema; quizá lo agraven y den la falsa impresión de una batalla ganada a la partidocracia.

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