Juego de espejos

El desafío del INE

El presidente del instituto, Lorenzo Córdova, ha sido el objetivo principal a minar. Se trata de restarle credibilidad. La difusión de la llamada telefónica ilegalmente grabada con descuidadas expresiones tuvo tal propósito.

Muchos están al acecho del INE. Ser árbitro, juez y verdugo es difícil situación. Los partidos son los primeros en desgastarlo; a los medios electrónicos tampoco les resulta de su agrado el modelo de comunicación. Eso por sí mismo es suficiente para entender la presión de la que es objeto el órgano electoral. Los partidos y legisladores son los causantes, principalmente, porque el INE tiene responsabilidades en la ley que lo exponen en exceso, más cuando se resolvió centralizar la organización de las elecciones.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha sido el objetivo principal a minar. Se trata de restarle credibilidad. La difusión de la llamada telefónica ilegalmente grabada con descuidadas expresiones (¿quién no lo hace en sus conversaciones telefónicas?) tuvo tal propósito. Es innecesario especular en la autoría, sí, tener certeza del propósito. El INE, con todas sus limitaciones, elevados costos y errores es la institución fundamental de la democracia electoral mexicana y, por lo mismo, es obligado fortalecerle. Su órgano colegiado superior presenta un buen equilibrio y casi en su totalidad integrado por personas honorables.

De antemano debe reconocerse que difícilmente el INE cumplirá a satisfacción todas y cada una de sus tareas. Tampoco lo harán los partidos y los candidatos. Lo que sí es cierto, y es lo que importa, es que las elecciones se desarrollarán con normalidad y que los ciudadanos podrán decidir en libertad quienes deban gobernarles o representarles.

Las elecciones serán justas, aunque no perfectas. En ninguna parte lo son. El entramado de leyes, criterios e instituciones vuelve complejo en exceso el juego electoral. La fiscalización está condenada a fracasar porque en lugar de la transparencia se impuso el criterio de bajos topes de campaña. Esto provoca que el dinero fluya al margen de la normatividad. Ningún partido con posibilidades de triunfo va a comprometer su posibilidad de ganar frente a un gasto electoral fuera del estrecho cauce institucional. La simulación se impone y esto es resultado de un mal diseño normativo.

Es discutible la solución que dio el Tribunal Electoral a las finanzas de los candidatos independientes; es una decisión justa, pero ilegal y de alto riesgo. Así lo es porque quebranta varios principios: la igualdad ante la ley, el predominio de los recursos públicos sobre los privados y la transparencia. Es muy comprometedor que candidatos independientes, que por lo mismo no tienen un control institucional a través del partido, puedan solicitar con libertad recursos privados. Se supone que el sistema público de financiamiento pretendía evitar, justamente lo que el fallo del tribunal ahora impulsa: el dinero privado en campañas. El tribunal decidió volverse legislador y lo hizo en un sentido contrario a lo que ha sido la línea constitucional desde hace más de 20 años.

Transparencia en el origen de los recursos es la clave. El INE deberá tener el mayor escrúpulo para verificar quién paga las campañas, especialmente, las de los candidatos independientes. La equidad no debe ser la trampa para abrir la puerta grande al dinero ilegal. La ley debiera permitir que los candidatos, independientes o de partido, pudieran gastar suficiente en sus campañas, lo que debe evitarse es que el dinero público ilegal, el privado de contratistas o proveedores futuros, incluso el del crimen organizado se vuelva parte del paisaje. Por ello la transparencia sobre las fuentes de financiamiento adquiere la mayor importancia, a pesar de la supuesta equidad y la ilusa pretensión de disminuir por decreto el gasto en campañas.

Otro de los riesgos del INE de conformidad a las nuevas reglas, es la anulación de las elecciones en las que se presente una diferencia menor a 5 puntos porcentuales. El legislador resolvió por un criterio numérico de la votación la presunción de cuando una violación a la norma fue suficiente para cambiar al ganador del perdedor. Se estima que de 20 a 30 distritos la diferencia estará en ese umbral. De los nueve estados con elección de gobernador, solo Guerrero se resolvió en la elección pasada por más de 10 puntos porcentuales y Michoacán, Sonora y San Luis Potosí, por menos de 5.

Cabe subrayar que el incentivo para lograr la nulidad es muy elevado, ya que la sanción implica que el candidato ganador no pueda repetir en la contienda, lo que le da una enorme ventaja a quien quedara en el segundo sitio si es el caso que éste no incurrió también en violación a la norma.

La nulidad deberá operar de conformidad a la gravedad de la falta y desde luego, de los elementos de prueba. Deberá prevalecer la presunción de legalidad de la elección; ceder ante la presión política o de la opinión pública sería un grave precedente. El último recurso es que la elección se anule. Que el INE o el Tribunal Electoral no adviertan la gravedad de tal decisión puede significar el error más grave en la construcción democrática.

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