Juego de espejos

Entre el cinismo y la hipocresía

El determinismo de la ley va a contrapelo de la realidad. Esto no significa que no se deba librar la batalla por el cambio legal, sino que la ley por sí misma poco puede hacer si su aplicación se regatea por ciudadanos renuentes y autoridades complacientes.

Desde hace mucho tiempo se apostó a que el cambio del país debería venir de las leyes. Las dos constituciones se pronunciaron por el federalismo y, sin embargo, la realidad es que prevalece el centralismo. Lo mismo vale para el municipio y más recientemente para todos los derechos sociales como la educación, la salud y la alimentación. El determinismo de la ley va a contrapelo de la realidad. Esto no significa que no se deba librar la batalla por el cambio legal, sino que la ley por sí misma poco puede hacer si su aplicación se regatea por ciudadanos renuentes y autoridades complacientes.

Ir contra la realidad (lo que ocurre en muchos órdenes) lleva a dos extremos, el cinismo y a la hipocresía. Está en la Iglesia, la política, los gobiernos, las empresas, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana de los mexicanos. Con la singular excepción de los Legionarios de Cristo y algún comunicador no se ha tenido el valor de reconocer culpa e invocar arrepentimiento, por lo que se sigue con la carga del pasado. El cinismo viene de la impunidad y la hipocresía del miedo a la sanción social.

Desde hace tiempo, impunidad e hipocresía se hacen presentes en legisladores. Tan simple como es el hecho de ver la situación patrimonial de un servidor público para entender la distancia entre lo que se predica y lo que se hace. Al coordinador de los diputados del PAN le reclaman por lo ruidoso de sus fiestas, pero lo que importa es que ha sido señalado en uno de los episodios más dramáticos de corrupción en el Congreso. Por algo la alcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello, representante de los presidentes municipales del país, ante el secretario de Gobernación exigió el fin de la extorsión a la que están sujetos sus pares y eso que no incluyó al crimen organizado, porque en la intimidación de autoridades municipales queda claro que hay caballeros templarios con fuero y otros, los auténticos, con capacidad de fuego.

El uso faccioso o corrupto en la asignación de los recursos del presupuesto es una práctica de años y no es exclusiva del PAN. El pase de charola viene cuando los legisladores cobraron fuerza en la aprobación del gasto público. Hay una historia por conocer en la aplicación del principio quid pro quo, doy (el voto) para que me des (dinero). Por eso las fortunas, el dispendio y las grandes mansiones no solo vienen de los funcionarios que aplican el gasto, también de quienes en el Congreso y en la Cámara lo aprueban.

Es bueno que la transparencia gane terreno y que la rendición de cuentas se amplíe y profundice, como también es útil la crítica de los medios y la sanción social, a pesar de sus excesos. Lo mejor es que el funcionario se advierta vigilado. El problema está en los extremos del gobierno, a donde no llega la observación pero sí el daño. También está presente en los partidos y en los legisladores. Un diputado de Michoacán, vinculado públicamente al narcotráfico, hermano del gobernador Leonel Godoy, tomó protesta con el apoyo de sus pares, incluyendo el de hombres honorables como Alejando Encinas. No hubo mayor consecuencia, pero con la presión de la evidencia incriminatoria y de un audio de La Tuta con el señalado, la Cámara tuvo que votar el desafuero, al momento que Julio César Godoy se daba a la fuga.

Los legisladores del PAN no son los únicos en la extorsión de alcaldes, tampoco los legisladores del PRD (a pesar del escándalo reciente de la joven senadora Iris Mendoza) son los proclives a las relaciones peligrosas. El problema es más amplio y generalizado. La respuesta no es la hipocresía, como se ha visto en unos y otros con el senador Jorge Luis Preciado por un imprudente festejo privado en un lugar público; tampoco el que una senadora se muestre con la hija de un conspicuo templario, ni siquiera las fiestas o la vida privada del diputado Villarreal. El problema es de fondo mayor y considerablemente más grave y no atiende a la vida privada de los políticos, sino a su vida pública.

El país está inmerso en una nueva ola de cambios legales. Son importantes y trascendentes, de una manera se perfila un nuevo país, pero las virtudes de la transformación deben acompañarse de una nueva ética pública. Lo privado es lo de menos. Gradualmente, seguramente por la crítica, ha ido cediendo (aunque se resiste en desaparecer) la retórica de la mentira, muy común en el pasado. Sin embargo, por las presiones que impone el dinero en la política, el futuro perfila una vida pública entre los extremos del cinismo y la hipocresía.

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