Juego de espejos

Iguala, regresando a lo básico

Los padres de las víctimas tienen todo el derecho al dolor y de mantenerse en la esperanza del regreso de sus hijos mientras no haya pruebas concluyentes sobre su muerte. Lamentablemente también hay un entorno político que crea y recrea interesadamente la versión de que el Estado y las fuerzas armadas fueron los responsables de los hechos.

Al año de los hechos trágicos de Iguala, lo que se acumula ratifica la hipótesis fundamental del homicidio: los estudiantes fueron asesinados por la colusión de los policías municipales y el grupo criminal dominante. Lo más revelador de estos días no es el resultado del laboratorio de Innsbruck sobre la probable identidad de uno de los estudiantes, según restos obtenidos en la proximidad del basurero de Cocula, sino la detención de Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto lugarteniente del grupo Guerreros Unidos, pieza clave en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Los padres de las víctimas tienen todo el derecho al dolor y de mantenerse en la esperanza del regreso de sus hijos mientras no haya pruebas concluyentes sobre su muerte. Lamentablemente también hay un entorno político que crea y recrea interesadamente la versión de que el Estado, las fuerzas armadas y de alguna forma el gobierno federal fueron los responsables de los hechos y en un extremo de ficción de que en algún lugar podrían estar los estudiantes vivos. Desde ahora debe entenderse que hay rechazo a la verdad, precisamente porque es negar la esperanza de unos y las fantasías doctrinarias de otros. En este contexto llama la atención un sector de opinión que sin razón alguna participa del juego de engaño y falsedad.

En este entorno adquiere valor la presencia del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Todo lo que venga de las autoridades será rechazado por este coctel de sentimientos, ideología e intereses. Los extranjeros son el único vínculo confiable hacia ellos, particularmente hacia los padres de las víctimas. En estricto rigor esto puede resultar repudiable, ya que su fundamento es el prejuicio, la manipulación y el malinchismo, pero es funcional para efectos de conducir un problema grave que ha lastimado profundamente a la sociedad mexicana. El encuentro de la verdad debe ser el objetivo compartido; lo es para los padres, para los expertos y las autoridades; no para quienes se mueven por causas doctrinarias o intereses aviesos, los que lamentablemente con frecuencia son los que más alzan la voz.

La detención y reclusión de Gildardo López Astudillo deben ser cuidadas en extremo. Trasciende que para ello hay una intervención de la CNDH, para así acreditar la validez de su declaración y testimonio. La intervención del grupo pudiera ser clave para que los padres de los estudiantes tuvieran una versión confiable de lo que realmente ocurrió. Cierto es que es difícil que alguien se incrimine, pero lo que desde ahora se conoce es suficiente para saber qué fue lo que ocurrió y cuál fue la suerte de los normalistas.

Las expresiones del detenido Gildardo López Astudillo en el sentido de que se había mantenido en el Estado porque contaba con la protección de la policía local fortalece la tesis de que policías y criminales allí son una misma cosa. Ahora corresponde a las autoridades federales acabar con la red delictiva que involucra a las policías municipales y locales. Llegar hasta sus últimas consecuencias no solo sería una manera de hacer justicia, sino resolver la causa del problema; esto es la connivencia de autoridades municipales, policías y los grupos criminales que controlan la región; esto es regresar a lo básico, al origen del problema.

Para tales efectos, el encuentro con el Presidente de la República puede resultar en un acontecimiento de la mayor importancia para aproximarse a la verdad.Por las expresiones de los padres y de sus representantes no debe esperarse mucho. El dolor y la doctrina resultan muy mala combinación. Pero el encuentro con la verdad es lo que importa, además de ser base para la sanción a los responsables. El trabajo del grupo de los expertos fortalece la tesis de que los estudiantes fueron aniquilados por las policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos.

La creación de una fiscalía especial debió haberse dado desde el principio. Los representantes de los padres anticipan que será uno de los planteamientos en el encuentro con el Presidente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y la procuradora Arely Gómez han mostrado apertura y disposición para acercar posiciones. Lo que debe quedar claro es que las autoridades no pueden declinar en sus responsabilidades y depositar en instancias externas o en grupos interesados en minar a las instituciones la conducción de una de las investigaciones más delicadas.

Las pruebas aumentan para dar con los responsables materiales y con quienes dieron las instrucciones para aniquilar y desaparecer a los estudiantes. Lo que todavía está por descubrirse es la responsabilidad de las instancias locales, por acción o por omisión, en el sometimiento de las autoridades municipales al poder del crimen. Los hechos lo revelan, las palabras del detenido López Astudillo lo demuestran. Hay que regresar a lo básico y sancionar con rigor a quienes en abandono de su elemental responsabilidad cedieron autoridad para empoderar al crimen.

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